Así también, se anunció que se impulsará una acción de inconstitucionalidad contra toda la ley de alianza pública-privada, por eludir la intervención del Congreso.
La resolución fue tomada por el Comité Político del PLRA, presidido por el exministro del MOPC Efraín Alegre. Salyn Buzarquis, también exministro de Obras Públicas, y por cuya gestión fue imputado, fue el encargado de presentar las denuncias de supuestas irregularidades en la concesión ante la cúpula liberal.
Buzarquis cuestionó que el gobierno de Horacio Cartes ya dispuso de US$ 2.350 millones en bonos, pero no haya invertido en la ampliación de las rutas 2 y 7 con esos fondos.
Agregó que ambas rutas ya estaban licitadas por un promedio de US$ 800.000 el kilómetro y ahora pasará a costar US$ 2,8 millones el kilómetro.
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Apuntó que todo se enmarca en un proyecto de despojo de los bienes del Estado, que incluye privatizar la ANDE y el nuevo aeropuerto para luego comprar las acciones con prestanombres y aumentar sus riquezas.