Tras oficializarse el fracaso de la licitación para la instalación de un esquema de alianza público-privada (APP), consultamos ayer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre si está previsto llamar a corto plazo una nueva licitación, es decir, comenzar el proceso de cero como había recomendado la Contraloría. Desde la Dirección de Comunicaciones respondieron que no. Según dijeron, es una decisión del Gobierno y no del MOPC de manera unilateral.
A su turno, el ministro Ramón Jiménez Gaona dijo durante un acto en la ciudad de Ñemby que el Comité de Evaluación debe darle un cierre al proceso. La Contraloría en su dictamen había planteado dos alternativas posibles: declarar desierta la licitación, o bien, cancelarla.
La licitación que la Contraloría recomendó cancelar comenzó hace un año y medio y los sobres que contenían las ofertas se abrieron en junio del año pasado. No obstante, el proceso se articuló desde principios de 2014, cuando se terminó de elaborar el decreto reglamentario de la Ley de Alianza Público-Privada (APP).
Para ocuparse de la elaboración de este pliego y también de los pliegos de algunos otros proyectos que también fracasaron, fue contratada en su momento la consultora Deloitte, que por este servicio le cobró 10 millones de dólares al Ministerio de Obras.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Irregularidades
En el pliego estaba previsto que el operador privado que resultara adjudicado en la ahora fracasada licitación iba a quedarse con los ingresos por cargas aéreas, publicidad, alquiler de locales comerciales, tasas de embarque, tasa por estacionamiento y por servicio de asistencia en plataformas, entre otros. Si Sacyr-Agunsa resultaba adjudicada, a partir de la entrega del aeropuerto, la Dinac iba a comenzar a recibir por mes solamente el 32% de los recursos que hoy percibe en su totalidad y que sirven para mantener operativos otros 10 aeródromos del país. La APP iba a durar 30 años, tiempo durante el cual Sacyr-Agunsa debía ampliar por etapas la terminal, con una inversión máxima de US$ 150 millones.
Los antecedentes de la española Sacyr motivaron en su momento la intervención de legisladores en esta licitación, que terminó siendo auditada y luego cancelada por la Contraloría, tras la constatación de varias irregularidades.