La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil Española, que viene reproduciendo el periódico El Mundo de España, revela que la consultora Active Translation, de la cual Jordi Pujol Ferrusola es socio fundador, cobró una “comisión” por la obra del superviaducto en Paraguay, pagada con recursos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona. Así también, esta consultora tenía derecho a cobrar comisión por cualquier contrato que le consiguiera a Isolux Corsán en Paraguay, según el convenio que firmaron.
Jordi Pujol Ferrusola es hijo del político español Jordi Pujol, investigado por el origen ilegítimo de su fortuna y sus vínculos en casos de corrupción internacional.
“En diciembre de 2013, cuando ya estaba siendo investigado, Jordi Pujol Ferrusola negoció un contrato con representantes del Grupo Isolux Corsán para que su consultoría Active Translation prestase servicios para esta constructora “con carácter de exclusiva” para buscar proyectos empresariales en Paraguay.
El acuerdo establecía que el hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a través de su sociedad, recibiría como honorarios el 2% del importe de los proyectos contratados por la constructora, aunque dejaba la puerta abierta a “variaciones” del porcentaje en función de los contratos. Además, se incluía en el contrato que el porcentaje se mantenía si Isolux Corsán se unía a otras empresas para realizar la adjudicación”, dice parte de una publicación del diario El Mundo fechada el pasado 20 de febrero.
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En un correo electrónico adjunto este acuerdo y que fue remitido por el entonces responsable de la constructora en Latinoamérica al consejero delegado, Pujol Jr. informaba a los empresarios algunos cambios en el apartado de honorarios, como que “si son obras de concurso, donde nosotros aportamos poco valor añadido, hablamos de un 2% sobre el montante de la licitación. Y en el caso de que nuestro valor añadido sea superior, hablamos de un 7%”.
Pese a esto, Pujol emplazaba a su interlocutor a hablar del asunto. “Pienso que el 7% tiene que ser un mínimo puesto que en determinados proyectos creo que habrá mucho valor añadido”, según reproduce la prensa española.
El mail que está contenido en el informe de la Guardia Civil Española acompañan esta nota (ver facsímil).
El “nexo”
Como nexo y enlace entre Jordi Pujol y el MOPC, que adjudicó la obra del superviaducto, aparece, según la investigación judicial en España, Ernesto Manuel dos Santos, “que presume de tener contacto directo con el ministro de Obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitaciones”, de acuerdo a lo que dice la Policía Judicial, aclara El Mundo.
Dos Santos, efectivamente, aparece en reuniones clave de directivos de la constructora del superviaducto, la empresa española Isolux Corsán, con el ministro Ramón Jiménez Gaona (ver foto) antes de la licitación de la obra, que finalmente le fue adjudicada en el 2015 con un contrato de G. 124.210 millones (unos 23 millones de dólares). El superviaducto, bautizado por la ciudadanía como “Rodrigo Quintana”, fue inaugurado el 31 de marzo pasado.
Pero la intención de negocios no terminaron allí. Tras una reunión que mantuvieron representantes de Isolux con Jiménez Gaona en marzo pasado, expresaron su interés por más obras.
Ayer quisimos tener la versión el ministro Jiménez Gaona, pero nos respondió a través de su oficina de prensa que hoy a las 9:30 hablará en conferencia de prensa. También intentamos comunicarnos con Ernesto dos Santos, “el nexo”, pero no respondió las llamadas ni los mensajes a su número celular, con terminación 901.
Sospechosa insistencia con españolas
Si bien hasta el momento la Guardia Civil Española ha podido comprobar únicamente un caso, referido al pago de comisión de Isolux para quedarse con la obra del superviaducto, la sospechosa insistencia que hay en el MOPC por adjudicar otras millonarias obras a empresas españolas hace presumir que se estaría ante el inminente destape de otros casos.
Recordemos que Sacyr, la empresa a la que ya le dieron el ensanche de las rutas 2 y 7 e insisten en adjudicarle también el aeropuerto, pese al tendal de irregularidades constatadas con Contraloría, también es española.
Del mismo modo, la administración Jiménez Gaona busca otorgarle el contrato de megaalcantarillado a Acciona Aguas, también de España.