Este grupo de empresarios contribuyentes del IRP se sumará a los 325 contadores y auditores, así como a los 65 empresarios asociados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay y a la Feprinco que ya presentaron las acciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre junio y la primera quincena del presente mes.
La abogada tributarista Ruoti explicó que estas presentaciones individuales se harán sobre casos específicos, tales como inversiones en acciones, Saecas, inmuebles, aportes y otras modificaciones “que arbitrariamente las últimas reglamentaciones no permiten deducir y no arrojan pérdida fiscal”.
Sostuvo que sin cambio de la ley, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) permitió deducir cumpliendo con lo que dispone la ley aprobada en el Congreso, “hasta que Marta González (exviceministra de Tributación) decidió cambiar la ley del Congreso por la dictadura tributaria”.
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Los contadores y auditores presentaron la inconstitucionalidad en contra de las modificaciones del IRP establecidas mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones de la SET y, también, solicitaron el procesamiento de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala por violar los derechos de los contribuyentes.
En el caso de los empresarios de la CNCSP y la Feprinco, además de la inconstitucionalidad de la nueva reglamentación solicitaron a la Corte, con carácter de urgencia, una medida cautelar para suspender las modificaciones establecidas por la SET mientras dure el proceso judicial, a fin de realizar la liquidación del impuesto con la reglamentación de 2016, que permite deducir las inversiones en su totalidad y compensar las pérdidas fiscales.
Vencimiento
Luego de las postergaciones acordadas con el sector empresarial, finalmente el plazo para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2017 vence el 31 de este mes, así como también para la presentación de las declaraciones rectificativas por los ejercicios 2012 al 2016.
La SET, por su parte, se mantiene en su postura de aplicar las reglas vigentes porque sostiene que se adecua a lo que dispone la ley del IRP y aguarda la decisión de la justicia con respecto a los pedidos realizados por contadores y empresarios.
De acuerdo con los últimos datos de la SET, más de 24.900 contribuyentes ya presentaron en lo que va del año sus declaraciones, de los 72.000 inscriptos en el registro de la administración fiscal.
La controversia sobre el IRP viene desde diciembre de 2016, cuando la administración fiscal decidió modificar las reglas y establecer límites a las deducciones de las inversiones de los contribuyentes como mecanismo para recaudar más. Desde ese año las posturas se mantienen y será la Corte la que deberá definir el tema.
Proceso de implementación
El IRP entró en vigencia el 1 de agosto de 2012 y en ese primer año alcanzó a personas físicas con ingresos superiores a 120 salarios mínimos y el rango no incidido del impuesto se reduce cada año 12 salarios mínimos. Este 2018 afecta a las personas físicas con ingreso superiores a 48 salarios mínimos (G. 97.973.904) y el próximo año finaliza el proceso de implementación abarcando a los que tienen un ingreso de 36 salarios mínimos (G. 76.052.232). Las sociedades simples (estudios jurídicos, contables y otros) son contribuyentes sin importar el monto.