La nueva legislación tuvo sanción automática el último viernes, pero a pesar de que aún no fue remitido a consideración del Ejecutivo, Hacienda ya viene trabajando en los argumentos del veto a ser expuesto al EEN y luego a la Presidencia de la República para que tome la decisión final.

Se estima que el veto será aplicado teniendo en cuenta que se había solicitado a Diputados el rechazo del proyecto de ley y se advirtió que su puesta en vigencia, podría elevar el déficit de la Caja Fiscal y acelerar el deterioro de sus finanzas.

Un estudio elaborado por técnicos de Hacienda indica que de otorgarse los mayores beneficios, en un periodo de 40 años el déficit actuarial de la Caja Fiscal llegaría a los 13.241 millones de dólares, lo que equivale al 53,6% del PIB. De este monto, en el caso específico del sector docente, el déficit actuarial sería de 5.444 millones de dólares, que representa 22% del PIB.

Los técnicos también apuntaron que la ley incorpora una modificación que alteraría la regla de actualización de los haberes jubilatorios, situación que perjudicaría a los jubilados de todos los sectores civiles.

Argumentan que actualmente se toma la inflación del año anterior para actualizar la jubilación, mientras que en la ley sancionada se incorporó que el ajuste será sobre el promedio de variaciones del salario de los activos y la inflación, lo que implicaría que se podrían dar ajustes por debajo de la inflación.