Una denuncia penal fue interpuesta por responsables de las comisiones vecinales de Ybyraty, Espajín, Cuartelero, Calle 15 y Peguajhó San Francisco, localidades de Horqueta (Concepción), y una segunda presentación la hizo la directiva de la comisión de Cabo Cabrera, del mismo distrito.

Según los datos a los que accedimos, ambas denuncias fueron arrimadas el viernes último a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.

En los documentos, los pobladores señalan que sus comunidades fueron “beneficiadas” con la ejecución de trabajos para la implementación de sistemas de agua potable, pero estos en realidad no funcionan y, además, se utilizaron materiales de pésima calidad, pese a los desembolsos millonarios que entregó el Indert.

Agregan que el presidente del instituto “mintió descaradamente” al publicar en una gacetilla de prensa que “ya hay agua” en las citadas localidades de Horqueta, usando como supuesta prueba la fotografía de un lugareño que se está lavando las manos al lado de una plantación de abono verde. La imagen, según explican los vecinos, corresponde a la provisión “de otro pozo artesiano que se encuentra en la comunidad” y no al sistema financiado por el ente agrario.

En todos estos casos, Cárdenas abonó el 100% de los desembolsos y aún así, los lugareños no cuentan con el servicio de agua potable. Según los datos oficiales de la institución, el ente firmó convenio en el 2015 con la Fundación Cerro Lambaré (Fucela) para que gestione la construcción de los pozos en cuestión, por casi G. 2.500 millones y esta ONG, a su vez, contrató para la ejecución de la obra a la firma “Eclosión”, de Pedro Martín Benítez Almirón, parlamentario del Mercosur suplente por el Partido Colorado.

Seis acciones ante fiscalía

En total, son seis las denuncias penales contra Justo Cárdenas que saltaron a la luz en los últimos meses.

De esa cantidad, tres son sobre presuntas anomalías en la construcción de pozos, una es por aparente esquema de coimas para la adjudicación de dichas obras, otro proceso es por haber pagado más de G. 2.400 millones por tierras embargadas y con prohibición de contratar y, finalmente, un caso denunciado por pobladores de la localidad Punta Pistola por conflictos de tierras en Santa Lucía (Alto Paraná).