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Los diputados aceptaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores el pasado 29 de noviembre y dieron por finalizada la discusión sobre el plan de gastos, que en los años anteriores se extendía hasta el plazo máximo previsto, que es el día 20 de este mes.
El proyecto de ley sancionado asciende a más G. 80,071 billones (US$ 13.927 millones al cambio presupuestado), lo que representa un aumento del 6,7% con respecto al presupuesto vigente.
El monto aprobado, sin embargo, es levemente inferior en un 0,1% con relación al proyecto de presupuesto que el Ejecutivo había presentado, pero tiene una mayor rigidez debido a que se aumentaron salarios y se crearon cargos que no estaban previstos.
Con la sanción de la Cámara Baja quedan firmes el aumento del 16% para los docentes a ser abonado desde abril, el incremento bajo el ropaje de equiparación o nivelación salarial para personal de blanco de las penitenciarías, para jueces de paz, dactilógrafos y técnicos forenses, Senepa, entre otros.
También el aumento del 3,5% para los funcionarios de la Fiscalía, aunque esta medida fue acordada con el Ejecutivo a fin de que sea levantada la huelga llevada a cabo en ese entonces.
A estos se suman los fondos asignados para contrataciones de personal en Salud Pública, creaciones de cargos en Senad, Procuraduría General de la República, Ministerio de la Vivienda, entre otros.
Gasto público
El presupuesto 2019 equivale al 31,3% del PIB, asigna recursos a 103 instituciones distribuidas en la administración central y entes descentralizados, incluye cinco nuevos ministerios que fueron creados a partir de las secretarías del Ejecutivo.
Autoriza la emisión de bonos del tesoro por valor de hasta US$ 600 millones y prevé un déficit de US$ 660 millones, equivalente al 1,5% del PIB, cifra al tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, se autoriza a la Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda a adquirir estos títulos de deuda. También posibilita que los fondos público puedan ser de nuevo depositados en los bancos privados, ya no solo en el Banco Nacional de Fomento, como ocurre actualmente.
El proyecto de ley sancionado pasa al Ejecutivo para su promulgación y, de acuerdo con lo adelantado por las autoridades, es manejable y no será vetado como sucedió en años anteriores, hecho que había generado crispación política.