Primera negociación de Itaipú será un acuerdo sobre qué hacer con el dinero

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Antes de la renegociación del Tratado de Itaipú en 2023, Paraguay debe impulsar un pacto social y decidir qué destino se les dará a los recursos que se obtengan una vez saldada la deuda, sostiene el Grupo de Investigadores en Sistemas Energéticos (GISE).

Los ingenieros Daniel Ríos y Gerardo Blanco, del GISE, expresaron que la segunda renegociación de Itaipú es la que tiene más prensa, pero que hay una negociación previa que es incluso más importante y que trata de construir un pacto social de cómo utilizar los fondos a ser obtenidos en 2023, cuando se renegocien los términos financieros del Tratado de Itaipú. Fue durante su participación en el programa Economía a Fondo, que se emite por ABC TV.

“Estamos convencidos de que para que la segunda negociación salga bien, tenemos que ser capaces de construir un pacto social de cómo destinar esos recursos y ser capaces de construir todos de manera participativa y conjunta una visión de qué país queremos”, explicó Blanco.

En tal sentido, el GISE presentó hace unas semanas un informe que se denomina “A cinco años de prender o apagar el país”, haciendo referencia concreta a la negociación que se tendrá con Brasil.

En tal sentido, los ingenieros Ríos y Blanco hablaron del perfil que deberían tener los integrantes de esa mesa negociadora que vaya a defender los intereses paraguayos ante Brasil.

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“Deben ser personas con patriotismo, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de comunicación y sobre todo liderazgo”, indicaron.

Los dos escenarios posibles

Según detalla el informe, en 2023 pueden presentarse dos escenarios y en cualquiera de ellos nuestro país debe desplegar una estrategia que le permita usar su excedente de energía para lograr una inversión en educación del 7% del PIB e invertir alrededor de US$ 20.000 millones en infraestructura. Menciona que uno de los escenarios que podría presentarse es que las tarifas se mantengan en el nivel actual, en cuyo caso Paraguay tendrá una renta aproximada de US$ 1.000 millones adicionales por año, o que no se modifique su costo de servicio, caso en el que la tarifa bajará un 60%.

En el segundo escenario, es decir, en el que no se produzcan cambios y se mantengan los componentes actuales del Costo de Servicio de Electricidad (CUSE), excluyendo la deuda ya saldada, la estrategia para sacar provecho deberá ser otra y el GISE apunta principalmente a impulsar el desarrollo de la industria, lo que permitirá crear 2 millones de empleos nuevos y cuadruplicar el PIB.

Los investigadores del GISE se muestran partidarios de que se mantenga la tarifa y de que con los recursos excedentes (US$ 1.000 millones por año para nuestro país) se constituya un banco de desarrollo de infraestructura.