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El trámite en cuestión fue cumplido hace poco más de una semana, de acuerdo a copias de documentos al que tuvimos acceso este último fin de semana. En principio, Barriocanal, quien sustituyó al frente de la Procuraduría en octubre pasado a Roberto Moreno, solicita “intervención procesal y el consecuente reconocimiento de su personería jurídica en el cargo invocado”, a fin de defender derechos del Estado en el caso Acepar.
En segundo lugar pide “arbitrar los medios suficientes para la integración del Tribunal Arbitral”, en este caso con la inclusión del titular de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser, ya que el anterior, Antonio Fretes, quien debía presidir dicho tribunal, renunció ya en marzo de 2017. Los otros dos miembros son designados por las partes.
Los antecedentes indican que el 9 de noviembre de 2009, un día antes del cierre del proceso de privatización de Acepar, el Gobierno anunció su decisión de demandar la rescisión del contrato de compraventa, pero la instalación del arbitraje fue congelada. Recién el 12 de septiembre de 2014, la Procuraduría, entonces a cargo de Moreno, presentó oficialmente la demanda por la que el Estado paraguayo pretendía recuperar Acepar.
Ese trámite se cumplió en el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), que hace de filial de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), bajo cuyos reglamentos se hace el arbitraje.
En el caso Acepar, cuyo proceso de privatización comenzó en 1997 y debía finalizar aquel noviembre de 2009, el Estado demanda al consorcio comprador, Cosipar, integrado por Cerro Lorito SA y la Cooperativa de Trabajadores Cootrapar, por el incumplimiento de varias cláusulas clave del contrato.
En principio, Cerro Lorito SA era manejado por el Ing. Guillermo Stanley y el Arq. Juan C. Canese, pero en el 2004 quedó en manos del italoargentino Sergio Tasselli, quien a su vez, en abril de 2013, traspasó la firma al consorcio paraguayo Inversiones Siderúrgicas SA (Insidsa), que fue apartado de la administración de Acepar en noviembre de 2013 por orden de la justicia, que dispuso una intervención, quedando la fábrica a cargo del Ing. José Luis Vinader.
En 2014, la siderúrgica fue alquilada a la brasileña Vetorial SA, que se retiró en enero último dejando un tendal de deudas y reclamos por parte de la misma Acepar.
Este arbitraje, en realidad, nunca se puso en marcha en la práctica, todo quedó siempre en intentos, pero ahora es más necesario que nunca.
Pasivo de US$ 56 millones
En el 2013, cuando se instaló la intervención judicial en Acepar, se informó de un pasivo de casi US$ 56 millones, de los cuales nada menos que US$ 22 millones eran reclamados por Sergio Tasselli, quien administró la fábrica entre el 2004 y el 2013. Esto también debe definirse en el marco del arbitraje. Los compradores de Acepar debían pagar al Estado, a 12 años de plazo (1997- 2009), US$ 35 millones. Apenas abonaron unos US$ 18 millones (se les hicieron quitas y US$ 6 millones quedaron pendientes).