El presidente de la Comisión Permanente, diputado Ariel Oviedo, reunió ayer en una mesa de diálogo a profesionales del derecho, contadores, tributaristas y a las autoridades del Ministerio de Hacienda para conocer las posturas sobre el Decreto N° 6560/16 que modifica la reglamentación del impuesto a la renta personal (IRP) y que entró a regir a finales del año pasado.
La mesa contó con la participación de la abogada tributarista Nora Ruoti; Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay; Alberto Sandoval, del Colegio de Abogados del Paraguay, entre otros profesionales.
En representación de Hacienda, por su parte, estuvieron la viceministra de Tributación, Marta González Ayala; la viceministra de Economía, Lea Giménez; y principales directores.
La viceministra González Ayala, con apoyo de su colega Giménez, explicaron los motivos por el cual se dispuso la modificación de la reglamentación y la limitación de las deducciones.
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La titular de la administración fiscal argumentó que se apunta a una mayor equidad tributaria, debido a que con el anterior decreto las personas más pudientes del país no pagaban un guaraní y hacían un uso abusivo de las deducciones por inversiones.
La abogada Ruoti, en cambio, expuso categóricamente que el decreto viola la ley del IRP, entre ellos en su artículo 13 y 14, y volvió a insistir en que se instaló una dictadura de la reglamentación y del formulario elaborado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ya que considera medidas no contempladas en la ley.
Criticó que con esto se está persiguiendo a los contribuyentes que invierten en el país, dejó en claro que el impuesto fue creado para formalizar la economía y mediante su aplicación aumentó la recaudación en otros impuestos, como el Iracis e IVA.
Sostuvo que están de acuerdo en que la ley debe ser más equitativa, pero los cambios deben hacerse por ley y no por decreto. Por lo que anunció el inicio de una campaña por el respeto a la ley.
La contadora Talavera criticó a las autoridades de Tributación por no escuchar los reclamos y pidió que el Ejecutivo derogue el decreto por ilegal.
El abogado Sandoval también hizo hincapié en que viola varios artículos de la ley y de la Constitución, como el hecho de que es retroactiva, por lo que reforzó la solicitud de derogación del decreto. Adelantó que de no ser así, provocará una avalancha de acciones de inconstitucionalidad por parte de los contribuyentes.
El senador Miguel Abdón Saguier, que participó de la reunión, también coincidió en que las medidas son inconstitucionales.
El abogado tributarista, Carlos Mersán, fue consultado ayer por ABC TV acerca del proceso del IRP y dijo que la ley tiene un plazo de implementación que comenzó con las personas físicas con ingresos superiores a 120 salarios mínimos al año y va descendiendo cada año hasta llegar a 36 salarios, que se dará en 2019, para completar su ciclo de implementación total.