Proponen ajustar salarios a partir de 7% de inflación

Seis gremios empresariales plantearon ayer, en rueda de prensa, una opción de modificación del Código Laboral para el ajuste del salario mínimo: fijar 7% de inflación en vez de 10%. Alertan, a la vez, que el proyecto de ley que propone el Gobierno traería perjuicios a la economía.

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La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), se unieron para plantear ayer reducir del 10% al 7% la inflación acumulada para el ajuste del salario mínimo y que dicha modificación rija a partir de enero del 2017.

La propuesta es diferente al proyecto de ley que ya está en el Congreso y que tiene el acompañamiento del Poder Ejecutivo. Este establece un ajuste anual (en junio de cada año), de acuerdo al índice de inflación acumulada hasta ese mes.

Al respecto, el titular del CNCSP, Beltrán Machi, argumentó: “Pedimos que se haga desde el año que viene, porque el (ajuste) salario mínimo disparará el Art. 7°, de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prevé un eventual ajuste del salario público. Queremos ser muy enfáticos en resaltar que el Presupuesto General de la Nación no está en condiciones de absorber un nuevo aumento, porque lo estaremos condenando a un desequilibrio fiscal”.

A su turno, el presidente de la CAP, Carlos Jorge Biedermann, propuso también trabajar sobre un nuevo esquema de medición del IPC, que está desfasado, o por lo menos hay dudas de su representatividad, de forma tal a estar absolutamente seguros de que la métrica que se aplica corresponde. “Segundo, no menos importante, ver también cómo podemos hablar en serio sobre la evasión que hay en el esquema laboral, porque no puede ser que tan poca gente esté en el sistema legal, donde el trabajador nunca va a tener la jubilación que merecería, y tampoco puede acceder al sistema de salud del IPS, y entonces van al sistema público de salud, que ya está colapsado, y que también nosotros financiamos con nuestros impuestos”.

Por su parte, el titular del CIP, Ricardo Carrizosa, alertó que el proyecto es inoportuno, considerando que el consumo ha bajado mucho, las importaciones han caído 12% en lo que va del año, y en algunos sectores del comercio ya se han despedido empleados, generando perjuicios a la economía.

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