“El instrumento fiscal- policial protocoliza el cumplimiento de la ley en el caso de las invasiones a inmuebles, y la falta de acción inmediata hace que los mismos logren apoyo logístico”, explicó el abogado Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Opinó que la falsa estabilidad que genera el protocolo de acción conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional es posiblemente uno de los elementos más dañinos de la normativa, porque genera una falsa estabilidad de la situación, ya que muchas de las invasiones actuales tienen más del año de duración, y fácilmente otras llegan incluso a superar los diez años en el terreno.
“La falta de acción inmediata hace que los mismos logren apoyo logístico. Ellos no necesitan una organización muy compleja, ya que naturalmente los ocupantes ilegales, como todos, tienen necesidades primarias básicas, e instintivamente recurren a familiares o conocidos, y estos proveen de elementos de subsistencia, alimentos, medicamentos, enseres, ropas, etcétera, a los mismos”, afirmó Torales.
En el trascurso de tiempo que otorga el protocolo, los invasores adquieren supuestos derechos, haciendo muy difícil la expulsión del inmueble ocupado indebidamente.
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También comentó que la exigencia de presentación del título de propiedad a las autoridades, por parte de su titular, es sometida a una serie de análisis previos que son realmente innecesarios, y con ellos se burocratizan en exceso los procedimientos.
“La acción penal de denuncia de invasión de inmueble no tiene como objeto el estudio de títulos de propiedad –o sea, cuestiones vinculadas a los derechos reales– sino a la existencia de hechos punibles; en otros términos, con dicha herramienta se desnaturaliza el proceso”, indicó.
Destacó que el inicio de los problemas graves en el caso de las invasiones se genera por la falta de una respuesta más rápida en los casos de invasión.
“Con o sin protocolo, la inmediata reacción de los organismos de seguridad es vital para garantizar la propiedad privada, y no solo esta, sino también la vida misma”, apuntó.
Según el letrado, en muchos casos de invasiones se ha constatado que los invasores, debido al exceso de tiempo para una reacción, construyen casas de materiales cocidos y consiguen de manera clandestina la prestación de servicios públicos (agua y luz).
Escuelas para trabar
Igualmente, el tiempo les permite inaugurar escuelas, y un sinfín de elementos que al final hacen casi imposible la salida pacífica de los invasores de los terrenos invadidos. “Es importante respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos, la libertad de las personas y sus propiedades privadas”, recalcó.
“El cumplimiento de los procesos debe ser observado desde los principios de la celeridad y economía procesal. Estos postulados son exactamente contrarios a la existencia del Protocolo de Acción Conjunta entre el Ministerio Público y la Policía. Lo único que hace es generar división y problemas entre los ciudadanos de este país, sean ricos o pobres”, alegó también el abogado.