En principio, se había manejado la posibilidad de que el proyecto sea tratado sobre tablas en la plenaria de la víspera, teniendo en cuenta el pedido realizado por el presidente de la República, Federico Franco, durante su visita el pasado miércoles.
Los legisladores, sin embargo, optaron por no realizar este procedimiento y asegurar su inclusión en el orden del día de la próxima sesión.
El IRP ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Hacienda del Senado y, al parecer, existe consenso entre todos los sectores políticos para su sanción.
Estaba previsto su tratamiento en la sesión del jueves 21 pasado, pero no se realizó por falta de quórum debido a que los partidos políticos decidieron iniciar el juicio político al entonces titular del Ejecutivo, Fernando Lugo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para el gobierno de Franco la puesta en vigencia de este tributo es fundamental para el país, ya que permitirá aumentar la recaudación para financiar el deficitario presupuesto.
De acuerdo a las proyecciones de la cartera fiscal, en un año de implementación del impuesto el Estado podría recaudar 25.000 millones de guaraníes en forma directa y más de 200.000 de manera indirecta, principalmente, a través del IVA.
El proyecto, impulsado por el diputado colorado Cándido Aguilera, fue aprobado por Diputados el 3 de mayo pasado e incluye las siguientes modificaciones: elimina la declaración jurada de patrimonio, dispone que lo recaudado sea destinado únicamente a inversiones de infraestructura y mantiene la prejudicialidad.
El IRP está actualmente suspendido por Ley Nº 4064, aprobado en el 2010 a iniciativa de Senadores, por lo que su fecha de aplicación quedó para el 1 de enero de 2013. En el 2006 debía haber entrado en vigencia por primera vez, pero desde ese año el Parlamento sistemáticamente lo viene postergando.
Las autoridades anteriores de Hacienda habían asegurado que, apenas sancionada la ley por el Senado, luego de ser promulgada por el Ejecutivo, empezaría el proceso de implementación para quienes tienen un ingreso superior a 120 salarios mínimos.