Sin embargo, el artículo 6º dice que el “número máximo de beneficiarios de todas las modalidades comprendidas en esta ley no podrán exceder el 20% del total de los trabajadores de la empresa”.
Las modalidades de inserción son: capacitación laboral, práctica laboral, beca de trabajo, contrato de primer empleo formal y contrato de aprendizaje. La duración máxima del contrato es de un año.
El proyecto no dice cómo se elegirá a los beneficiarios, pero al parecer quedará a cargo de las empresas y bajo el control del Ministerio de Justicia y Trabajo. Los jóvenes deben ganar, como mínimo, el salario piso de G. 1.658.232. Este programa laboral solo será factible si las empresas reciben un subsidio estatal de hasta el 30% de este monto (G. 497.470).
El Ministerio de Hacienda determinará el monto global del subsidio, que en principio era para 7.000 jóvenes. Los diputados dijeron que el Gobierno debe determinar el rubro a desembolsar cada año. La ley es para todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas). Sin embargo, determina que, si no hay suficiente dinero del Estado, no están obligadas a acatar la norma.
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La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos señala que 1.028.000 personas, de 15 a 29 años, están ocupadas y 122.277 jóvenes están buscando empleo (desempleo abierto) y 648.033 son económicamente inactivos (estudiantes que no trabajan y no buscan empleo, personas que realizan quehaceres del hogar referidas principalmente a mujeres). “El desempleo abierto afecta en mayor medida a las mujeres (51.479 hombres y 70.798 mujeres), producto de lo que ocurre en áreas urbanas, pues en áreas rurales la diferencia entre hombres y mujeres es mínima”, según los datos recabados en el 2011.
El proyecto de ley es para beneficiar a los jóvenes especiales y pobres comprendidos en estas edades.
A las apuradas
El proyecto fue aprobado por unanimidad y a las apuradas, pues fue en “homenaje” a los jóvenes, tal como lo hicieron los diputados con el proyecto de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. El presidente Federico Franco promulgó esta ley el viernes pasado, Día de la Juventud.
La diputada Aída Robles, del socialista Partido de Participación Ciudadana, recién ahora señala que el proyecto de ley debe ser mejorado por la Cámara de Senadores. La propuesta legal no discrimina las empresas que tendrán la “obligación legal” de contratar a jóvenes con 33% de discapacidad (con dictamen de la Secretaría de Personas con Discapacidad). La diputada dijo que las empresas deben cumplir una “función social”. Señaló que es constitucional, desde este punto de vista. Precisó que la mayoría de los empleadores discrimina a los discapacitados. Sobre el subsidio, aclaró que si los transportistas reciben ayuda estatal, por qué no las firmas que cumplirán la ley de empleo juvenil.
Obligatorio, solo si hay plata
El proyecto “de inserción al empleo juvenil” fue aceptado por la mayoría de la Cámara de Diputados. La propuesta lleva las firmas de los diputados Julio Enrique Mineur (PLRA), Fabiola Oviedo (Unace), Ariel Oviedo (Unace), Luis Gneiting (ANR) y Desirée Masi (PDP), David Ocampos (Unace), Orlando Penner (PPQ) y Sebastián Acha (PPQ).
El proyecto obliga al Ministerio de Hacienda a dar subsidio a los patrones para cumplir el artículo 92 de la Constitución Nacional (del salario vital mínimo). Es decir, las empresas están obligadas a pagar el salario mínimo, pero para que cumplan una “función social” pagarán el 70% del sueldo. La ley se implementará en la medida que existan fondos estatales.