Aunque en principio el tema de las SA no figuraba ayer en el orden del día elaborado para la sesión ordinaria de hoy en la Cámara de Diputados, anoche fuentes legislativas confirmaron que hubo un error administrativo al respecto, lo que será subsanado esta mañana para incluir su tratamiento, como hace ya 15 días había mocionado (para esta fecha, 31 de mayo) el legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA), uno de los proyectistas junto a Ebert Ovelar (ANR).
El proyecto de ley que pretende eliminar las acciones al portador se convirtió desde luego en tema de tratamiento obligado después de que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Ramón Romero Roa (ANR), dictaminara por unanimidad a favor de que la Cámara Baja se ratifique en su texto original, que había sido modificado por el Senado, dejando la eliminación de las SA solo como una alternativa. Para la ratificación, los diputados necesitan mayoría absoluta (41 votos).
Ávalos Mariño dijo que la referida comisión, de la que él forma parte, dictaminó ayer después de nuevas consultas con representantes empresariales e, incluso, especialistas de la Embajada estadounidense.
Por su parte, Ovelar opinó que se debe imponer la versión original, porque transparentar el régimen de las acciones ayudará a identificar quiénes realmente están detrás de las empresas y cuál es el origen de sus riquezas. “El que nada debe, nada teme, y las empresarios honestos están a favor de que esto avance”, alegó, agregando que los cambios hechos en el Senado desvirtúan el espíritu de la Ley, pues abren la posibilidad de mantener las acciones al portador bajo ciertas condiciones, y eliminan las sanciones económicas. Señaló que los mayores beneficiados, si la versión del Senado prospera, serán los narcos, que –según él– también hacen fuerte lobby en el Congreso.
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La Subsecretaría de Tributación tiene registradas unas 60.000 sociedades en su base de datos, la mayoría bajo el régimen de las SA, que tendrían dos años para su adecuación, para pasar sus acciones a nominativas, de prosperar el proyecto.
No fue fácil en Uruguay
El proceso de adecuación a mayores exigencias internacionales no fue un camino fácil en Uruguay. Se encontró mucha oposición a las normativas, pero los beneficios hoy son muchos, indicó Álvaro Romano, de la Dirección Impositiva de Uruguay, tras una reunión en el Congreso. De integrar una lista negra de la OCDE, en menos de 6 años pudo llevar adelante acciones exigentes como el ordenamiento de unas 140.000 sociedades anónimas y redujo la evasión impositiva de 40% a 13%, resaltó.