Proyecto Yguazú de ANDE solo sirvió para engrosar la deuda, según la CGR

Un examen especial de la Contraloría sobre el proyecto de la Central Hidroeléctrica Yguazú impulsado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) determinó que la obra, finalmente cancelada, demandó gastos por G. 20.000 millones, que engrosarán la deuda del país.

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La falta de celeridad de las autoridades de la ANDE en recuperar anticipos otorgados a la consultora Nippon Koei Co. Ltd. hizo posible que recién después de casi un año de la finalización del convenio haya podido exigir el cobro de más de 70 millones de yenes, equivalentes a G. 3.556 millones, que la estatal le había desembolsado, señala el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

A esto se suma que la ANDE haya pagado con fondos propios más de G. 2.259 millones al Consorcio Toshiba Corporation y Mitsui & Co. Plants en concepto de coste, perjuicio y pérdida y a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en concepto de retenciones.

La firma japonesa había sido adjudicada en medio de varias irregularidades con el lote tres de la licitación para la compra de equipos electromecánicos por un total de 7.755 millones de yenes, unos US$ 76 millones.

Por otro lado, la CGR observa que transcurrieron más de tres años de la culminación de las obras del Lote 1 del proyecto, por las que la ANDE pagó G. 18.288 millones, y finalmente no serán utilizadas para el objetivo propuesto, por lo que “toda esta inversión realizada en el marco de este proyecto inconcluso y que actualmente la institución dice estar analizando qué usufructo se le estarán dando a las obras realizadas en el lugar, sirvió nada más para engrosar la deuda del país”.

Entre sus recomendaciones, la CGR exige al presidente de la ANDE, Víctor Romero Solís, que “de manera urgente” presente los resultados de las “evaluaciones” que sus dependencias dicen que todavía están realizando sobre el uso de la infraestructura modular disponible en el sitio de obras.

Asimismo exige el informe de rendición de cuentas de todas las partidas previstas de los fondos involucrados en el proyecto, tanto con financiamiento externo como con la contrapartidas locales. La ANDE debe hacer investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades e incluso sancionar a los funcionarios intervinientes e iniciar las acciones legales pertinentes para recuperar y resarcir por los daños a la estatal.

Cabe recordar que desde el 23 de marzo de 2012 al 3 de febrero de 2015 nuestro diario publicó 132 artículos advirtiendo que el proyecto Yguazú, con el ‘anteproyecto’ de la consultora Nippon Koei, sería inviable y que, a pesar de que la diferencia de costos hubiese permitido completar las obras con el rubro disponible, la estatal desechó la propuesta alternativa de consultores paraguayos.

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