Con relación a las investigaciones, Durand señaló que aguarda el informe para divulgar la cantidad de personas que no tienen el perfil para estos programas, pero que de igual modo fueron adjudicadas. También auditan casos de viviendas que no fueron concluidas.
En ambos casos, el documento quedará a disposición de la Asesoría Jurídica, a fin de analizar sanciones o canalizar a otras instituciones, como la Fiscalía, según lo explicado.
Casas para trabajadores
La cartera sanitaria cuenta con 37.000 funcionarios, de los cuales unos 10.000 son administrativos, y el resto, personal de blanco. Todos tendrán la posibilidad de postularse al programa de soluciones habitacionales, según informaron ayer.
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El programa estará disponible este año y dirigido a personas de clase media y media baja. “Si un funcionario necesita comprar una vivienda o realizar una mejora de G. 250 millones, el Estado prácticamente va a colaborar con G. 50 millones y el resto quedará a cargo de las entidades crediticias”, explicó Durand.