En conversación con nuestro diario, el abogado y sociólogo Jorge Lara Castro hizo referencia al tratado internacional, Ley 4732, por medio del cual se donaron las tierras en cuestión, unas 17.343 hectáreas, para los ocupantes de hecho, sujetos de la reforma agraria.

“El documento se hace por consenso y está clarísimo. Lo que hicimos fue respetar la voluntad del dueño, el doctor (Andrés) Barbero, de que las tierras sean para los campesinos; no fue su voluntad como filántropo promover la reforma agraria latifundista”, afirmó.

El artículo segundo de dicho acuerdo internacional, indica: “La República Italiana cede y transfiere a la República del Paraguay el inmueble individualizado como finca Nº 231, padrón Nº 682, en Villa de San Pedro de Ycuamandyyú, departamento de San Pedro”. Más abajo, establece una indicación sobre la forma de distribuir dichas tierras, al aclarar que “el Estado paraguayo, en el marco de su legislación agraria y desarrollo rural, realizará las adjudicaciones que correspondan a los ocupantes de hecho del inmueble transferido” (ver facsímil).

En tal sentido, el excanciller agregó que el Gobierno paraguayo lo único que debía hacer era la mensura judicial, para posteriormente entregar los títulos a los donatarios; entre ellos no se encuentran incluidos ganaderos ni empresarios, quienes según resaltó, están ocupando las tierras de una manera que no corresponde.

Sin embargo, pese a la claridad del tratado internacional, que no permite dobles interpretaciones, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, inscribió recientemente una mensura judicial que en lugar de arrojar las 17.343 hectáreas que dice el título de propiedad de Barbero Cue, dio como resultado apenas 14.090 hectáreas. Esta reducción de la superficie beneficia a empresas ganaderas que ocupan el inmueble sin título de propiedad sobre la colonia.

Al respecto, Lara Castro subrayó: “El Indert tiene que respetar lo que dice el documento, que es clarísimo. Las tierras están destinadas para la gente de escasos recursos y esa fue la condición. Pero independientemente (de la actuación del Indert), se supone que un juez tendría que arbitrar respetando el acuerdo entre ambos gobiernos”. Empero, hasta el momento lo único que observó es “muy poca seriedad” de las autoridades locales, ante un tratado claro y preciso que evita la libre interpretación jurídica, puntualizó.

La inscripción irregular hecha por el Indert, que ni siquiera contó con la escritura de transferencia del inmueble, saltó a la luz hace una semana, pero hasta el momento Cárdenas no ha salido a dar explicaciones sobre su actuación, que según los datos podría derivar en lesión de confianza y otros hechos punibles.

Complejo antecedente

Con la donación del Gobierno de Italia en el año 2012 se puso fin a una confusión sobre la situación de las tierras, que se arrastraba desde hace 40 años. Es que el filántropo Andrés Barbero había donado el inmueble a Italia para crear una colonia de inmigrantes de dicho país, pero como eso no ocurrió, quiso que sea para campesinos paraguayos.

La finca 231 con padrón 682 se inscribió a nombre de Italia en 1951 en los Registros Públicos. Según los datos, fue bastante complicado llegar al acuerdo, no por el Gobierno italiano, sino más bien por trabas de Paraguay, que incluyó la intención de cobrar impuesto sobre el inmueble donado y hasta hubo un intento de remate del mismo.