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El primero de los instrumentos (Nº 2/17), aprobado por la Ley .135, que el saliente presidente, Horacio Cartes, promulgó el último jueves, reconoce una deuda sin respaldo documentario de más de US$ 4.000 millones, en tanto que la segunda, la Nº 6/14, aprobada por la Ley 6136, deja el 94% de los negocios de Yacyretá en manos argentinas.
Ante los cuestionamientos de algunos empresarios acerca del apuro con que se aprobó el proyecto Aña Cua, Recalde aseguró que para el 2029 Paraguay estaría consumiendo toda su disponibilidad energética actual. Y de ahí la necesidad por apurar el proyecto.
Sobre esta justificación hay fuertes discrepancias en el sector energía, porque algunos sostienen que la crisis se presentaría en 2025, mientras que otros afirman que nuestro país tendría electricidad hasta mediados del 2030, incluso con un crecimiento del 7% anual de la demanda nacional.
Recalde no explicó las razones por las cuales nuestros negociadores aceptaron pagar el 50% del costo de Aña Cua (US$ 650 millones), cuando que actualmente el país consume solo el 1% de la energía generada por la central hidroeléctrica.
Tampoco explicó la forma en que se originó la supuesta deuda de US$ 18.000 millones de Yacyretá y por qué las notas reversales aprobadas recientemente tomaron como marco de referencia el precio de la tarifa establecido en la nota reversal de 1992, que en el año 1995 fue rechazada por el Congreso paraguayo.