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En la ocasión, el director paraguayo atribuyó la oposición al proyecto a cuestiones políticas de parte sectores que buscan poner palo a rueda del progreso, teniendo en cuenta que el proyecto –según él– además de generar más energía también va crear importante números de fuente de trabajo.
Recalde indicó que el cuestionamiento de algunos sectores es que el Anexo B del Tratado de Yacyretá debe ser modificado primero por el Parlamento, porque el proyecto no se encuentra dentro del acuerdo. Pero, según él, en el artículo 3 del Anexo B, se lee que hay una autoridad delegada del Tratado al consejo de administración de la Entidad Binacional Yacyretá para poder modificar el listado de obras que se deben realizar cuando el requerimiento del mercado energético lo aconseje.
En el 2000, el consejo administrativo de Yacyretá introdujo Aña Cua entre las obras que tienen que ser ejecutadas. Las licitaciones se realizaron en los años 2000, 2006, 2010 y 2017, pero recién ahora se cuestiona y se quiere llevar al Parlamento, solamente para darle un tratamiento político, y no para dar el beneficio que hoy se requiere en el país, como fuente de trabajo y energía que se dispondrá en el futuro, alegó.
“Se está tirando US$ 80 millones por año en el Aña Cua, estamos tirando agua para que se disipe y no produzca algún tipo de beneficio, al contrario esa cantidad de agua no nos permite entrar a inspeccionar como está toda la presa (vertedero)”, sostuvo, añadiendo que Ayolas será la mayor beneficiada en el Dpto. Misiones si se hace la obra, sin embargo en la ciudad casi nadie se preocupa si es que ejecuta o no el proyecto, cuando tenía que ser una preocupación de toda la ciudadanía, sino que se callan ante los que cuestionan la obra del Brazo Aña Cua, dijo.