Los trabajadores de Cevima SA, que están prestando servicios de limpieza y estibaje para la planta de INC-Vallemí (Concepción), realizaron primeramente “brazos caídos” durante una semana, como protesta por la falta de pago salarial. Ayer decidieron manifestarse frente a la fábrica y tuvieron apoyo de funcionarios de la cementera así como de autoridades locales.
En conversación telefónica con nuestro diario, Hugo Benítez informó que unas 82 personas realizaron la medida de fuerza, debido a que todavía no se les han pagado los salarios de enero, febrero y marzo y tampoco el aguinaldo del año pasado.
Según lo explicado, muchos empleados vienen soportando violaciones del Código Laboral, pero nadie se ha animado a denunciar esta situación por temor a perder sus puestos de trabajo. “El sueldo que nos pagan es de G. 1 millón mensual, mientras que el contrato entre Cevima y la INC habla de que debe ser el mínimo legal”, indicó Benítez.
Respecto a la medida de fuerza, explicó que se están agotando todas las instancias y que de no llegar a una solución, se prevé presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo.
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ABC verificó que la empresa en cuestión fue conformada como sociedad en el año 2005 con el rubro “servicios en general, construcciones civiles, gastronomía y todo acto lícito de comercio”, teniendo un capital integrado de solo G. 100 millones; sin embargo, empezó a firmar millonarios contratos con entes del Estado desde el inicio del actual Gobierno, de Horacio Cartes, llegando a los G. 52.261 millones en 13 contratos en estos años, según datos de la dirección de Contrataciones Públicas (ver cuadro).
De acuerdo con los informes, el actual contrato con la INC fue firmado por Claudio Escobar Brizuela, quien figura como accionista de Cevima; también aparecen Vicente Sánchez Céspedes, José Agüero Colmán, Hilda Buzarquis Laguardia y Gerardo Russomando Ramírez, pero, según trascendió ayer en la protesta, la versión no oficial es que el vicepresidente Juan Afara supuestamente estaría detrás de la compañía.
INC podría rescindir
El presidente de INC, Jorge Méndez, afirmó ayer que la institución podrá intervenir solo si los afectados llegan a presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo sobre los incumplimientos específicos de parte de la contratista. “Legalmente no podemos hacer nada, pero si hay denuncia nos habilita a actuar y podemos llegar a la cancelación del contrato”, explicó.
Consultado acerca de las sucesivas adjudicaciones a la empresa, que gana licitaciones en la cementera estatal desde hace cuatro años de forma consecutiva, respondió que se presenta con “el mejor precio y cumpliendo con los documentos”.
Méndez descartó que haya “recomendación” de políticos para contratar a Cevima y reiteró que los procesos están acordes a la Ley de Contrataciones Públicas.