Mientras en la Contraloría General afirman estar haciendo un análisis exhaustivo y serio del recurso interpuesto por el MOPC en su intento por “salvar” la licitación del aeropuerto, fuentes del comité de evaluación consultados por nuestro diario, y que pidieron no ser citadas, dijeron que el propio presidente Cartes ya les habría comunicado al ministro Ramón Jiménez Gaona y a otros que esta APP se halla irreversiblemente acabada.
Además del titular de Obras Públicas, tuvieron intervención en el proyecto APP los ministros de Hacienda, Santiago Peña (hoy con permiso), y de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas. Sobre el tema intentamos hablar con Peña, pero no respondió las llamadas. En cuanto al titular de Obras Públicas, Jiménez Gaona no responde a ABC desde que se conoció el dictamen de Contraloría que recomendaba cancelar la licitación de la APP del aeropuerto.
Consultado sobre el tema, el contralor Enrique García dijo que la resolución del ente auditor a la cuestión planteada por el MOPC, en carácter de apelación, estaría lista recién en algunas semanas más. Mientras esta licitación no se declare oficialmente cancelada o desierta, no se podrá iniciar otro llamado para modernizar la terminal aérea.
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Uno de los motivos por los cuales hubo denuncia sobre esta APP, que derivó finalmente en la recomendación de cancelarla por parte de la Contraloría, se refiere a la participación de la empresa Sacyr Concesiones SL, filial de Sacyr SA.
Si bien las sospechas sobre un direccionamiento comenzaron mucho antes de que saltaran los antecedentes de Sacyr, fue un dictamen de noviembre pasado el que reforzó dichas presunciones.
El dictamen en cuestión fue emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y en él el titular de dicha dependencia, Dionisio Mereles, negó la vinculación de Sacyr Concesiones SL con una sociedad a la que le rescindieron contrato en Murcia. Esta vinculación terminó siendo reconocida por los propios representantes de Sacyr, quienes asumieron tener el 67% de las acciones de la sociedad en cuestión.
Los antecedentes de procesos judiciales, de los cuales Sacyr tiene una veintena, debieron ser motivo de descalificación en los primeros meses de la evaluación.