El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas, promueve operativos para recuperar 250 hectáreas de la zona conocida como Punta Pistola (distrito San Alberto, Canindeyú), pues pretende anexar dicha superficie a la colonia Santa Lucía (Itakyry, Alto Paraná), que es colindante.
Según los ocupantes de Punta Pistola, que son miembros de una familia paraguaya de apellido González, varios fiscales se prestaron al atropello articulado por el Indert. El representante legal de los compatriotas, Abog. Gustavo Pedrozo, dijo que fueron recusados varios agentes por “parcialidad manifiesta” e incluso el viernes último se presentó recusación contra el mismo Díaz Verón, porque no intervino en todos estos casos donde se denunció violación de leyes y hasta de la Constitución.
“Nuestra propiedad fue allanada en más de cinco oportunidades. No puede ser que el fiscal general no esté en conocimiento de todos los allanamientos que piden sus fiscales y que no tome cartas en el asunto”, afirmó.
Según alegó el abogado, el ente rural había presentado denuncia por “invasión de inmueble” ante la Fiscalía General del Estado para recuperar tierras en la zona de Santa Lucía y se designó a la Fiscalía de Minga Porã para que investigue el caso. Posteriormente se realizaron varios operativos que en la práctica fueron desalojos sin orden judicial y también se dio curso a una denuncia del ente sobre desacato contra los González, que derivó en incautación de maquinarias.
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“(Los fiscales) reciben presión de todos lados, en lugar de ser imparciales. Se nos secuestraron dos tractores y un camión en el marco del ‘desacato’, eso es una locura. No encontraremos soluciones justas mientas Cárdenas y todos sus secuaces manipulan la justicia a su antojo”, aseveró.
“Están en su derecho”
En conversación con ABC, el fiscal general del Estado dijo ayer que “la recusación es un derecho que tiene la defensa de toda persona” y que, al mismo tiempo, “el Ministerio Público tiene forma de ir subsanando esa situación por medio de lo que dice la ley”.
“La recusación tiene la finalidad de apartarle a alguien de seguir entendiendo en el proceso, por motivos que están en el Art. 57 del Código Procesal Penal. Si no se reúnen las condiciones que dice la ley, el Ministerio Público no tiene otra salida que rechazar”, agregó.
Con relación al caso de tierras ocupadas por los González y las numerosas recusaciones, dijo que “seguramente el Ministerio Público se va a pronunciar en estos días”.
En “guerra”
Según la versión de Cárdenas, el Indert está en “guerra” contra los González, a quienes califica de “ocupantes ilegales”. En un reciente comunicado el ente señaló que las tierras en disputa deben ser entregadas a campesinos “que realmente cumplan con los requisitos de la reforma agraria”.