24 de Setiembre de 2017

| NORMA QUE BENEFICIA A FUNCIONARIOS Y EMPOBRECE A LA CIUDADANÍA SE DEBE DEROGAR, OPINAN

Repartición de multas es un sistema perverso, sostiene exdirector de SET

La repartición de multas en la función pública es un sistema perverso que beneficia a funcionarios a costa del empobrecimiento de la gente, por lo que eso se debe derogar, sostuvo en entrevista con ABC Enrique Ramírez, extitular de la Dirección de Grandes Contribuyentes.

El profesional, quien se desempeñó como director de Grandes Contribuyentes de la SET hasta agosto del 2008, cuestionó el sistema de distribución de multas, que si bien rige desde el 2004 en la Administración Tributaria, los beneficios se han incrementando grandemente en los últimos tres años, y en el 2018 alcanzarían unos G. 40.000 millones, según las partidas presupuestadas por el Ministerio de Hacienda.

Según Ramírez, en el tiempo que se dispuso la norma fue con un fin específico, ya que no se contaba con toda la tecnología que hoy se dispone para los controles y muchos funcionarios percibían salarios por debajo del mínimo; además, el ingreso por multas no era elevado como se da actualmente. Por otra parte, ningún viceministro se había incluido en el beneficio ni se aplicaban multas al 300% como se está viendo en la mayoría de los operativos de megaevasión. Cabe señalar que la viceministra González estableció un ordenamiento de las multas a partir de la resolución 12/15 de enero de 2015, que privilegia a los rangos más altos, incluyéndose ella misma.

“Es un sistema perverso, ya que la propia persona que debe resolver los casos en primera instancia es la que termina beneficiándose y, por ello, tiende a resolver los casos en función de sus intereses”, sostuvo el profesional. 

Desde la entrada en vigencia de ese ordenamiento, se empezaron a dar sucesivos casos de operativos de megaevasión, lo que ha otorgado a la viceministra González unos G. 497 millones en partidas acreditadas a su favor, debido a las sanciones cobradas a los contribuyentes en el período de abril de 2015 hasta julio de este año. Sin embargo, habría todavía un remanente importante a su favor, ya que las partidas aún no han sido acreditadas en su totalidad.

Derogar o revisar

Ramírez expresó que, a la luz de todas las necesidades que actualmente hay en el país, es inconcebible una norma que privilegie de esta forma a los funcionarios, por lo que sostiene que derogar el artículo 249 de la Ley 2421/04 sería lo apropiado o, al menos, poner un tope razonable. “Este es un sistema que enriquece al funcionario público a costa del empobrecimiento de la ciudadanía. No puede un funcionario ganar más que el propio presidente de la República”, aseguró.

La resolución 12/15, emitida por González, establece que cada funcionario puede llegar a percibir hasta 10 salarios mínimos mensuales en concepto de las multas cobradas en procedimientos de fiscalizaciones, al rededor de G. 20.000.000 adicionales al sueldo, las bonificaciones y demás agregados que reciben. La millonaria repartida en la SET fue criticada, además, por varios sectores empresariales, contadores y contribuyentes, que se unen al pedido de derogación de dicho beneficio.

Críticas al secreto bancario

En otro orden, el exdirector de Grandes Contribuyentes de la SET, Enrique Ramírez, también habló de la actualizada Ley de Bancos, que exceptúa el secreto bancario a la Administración Tributaria. Dijo que esto es más que suficiente para las funciones del fisco. Alegó que dar demasiadas atribuciones es un gran riesgo, más aun considerando que en muchos casos los funcionarios públicos están por periodos cortos de tiempo. 

“Dar carta blanca a la SET a que controle las cuentas bancarias de los contribuyentes, sin razón justificable, atenta contra la privacidad y la libertad de las personas, contra un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional”, sostuvo finalmente.

 
 

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