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Los funcionarios organizados del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) repudian el proyecto de ley presentado en diciembre del año pasado a la Cámara Baja que pretende crear el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT). En visita a nuestro diario, miembros de los sindicatos Sintra y Sintibir pidieron ayer que los legisladores rechacen esas iniciativas de Cárdenas, pues van en contra de las normativas vigentes.
Según alegaron, el SIRT fue un proyecto de la administración actual que usurpó funciones de la institución, demandó un presupuesto de US$ 5,1 millones en los últimos años y ni siquiera cumplió con su objetivo (se había planeado censar 993 colonias, pero sólo llegaron a 262). Ese censo, que tuvo numerosas denuncias de irregularidades por parte de afectados (y al que recientemente le asignaron US$ 1,5 millones más para este 2018), podría llegar a ser una dependencia permanente del Indert si el Congreso no lo evita. El temor de los funcionarios es que el martes próximo, los diputados traten y aprueben “a tambor batiente”, aún sin dictámenes de las comisiones y pese al rechazo de gremios de trabajadores, de campesinos y hasta del sector privado.
Silvio Villagra, de la Regional Alto Paraná, dijo que Cárdenas creó el proyecto SIRT a través de una resolución tachada de “inconstitucional” y puede traer consecuencias penales y civiles, pues se le dio facultades, técnicas administrativas y presupuestarias, reemplazando funciones de departamentos del ente rural. Para blanquear esa situación, según lo argumentado, buscan ahora una ley.
Numerosas anomalías
Entre las irregularidades cometidas en el marco del mencionado catastro rural, Mirian Aguilera mencionó que sacaron a mujeres de sus tierras, yendo en contra del Estatuto Agrario; en tanto que Federico Benítez, administrador de la oficina regional del Indert en Alto Paraná, dijo sobre la “colonia modelo” de Santa Lucía, que allí se sacó parte de sus tierras a antiguos colonos para dar a los nuevos y que el resultado final fueron lotes sin la medida requerida para la producción de renta.
Carlos González agregó que el “logro” fue la expedición de 20.000 “certificados de adjudicación” en todo el país, unos cartones sin valor jurídico que ni siquiera llevan la firma de Cárdenas. La cantidad de títulos expedidos efectivamente llega a poco más de 500. Tras ese fracaso, lo que se espera es que se audite toda la gestión de Cárdenas, sostuvo Lino Ávila.
Acompañó a los funcionarios el Abg. Hugo Waldino Lovera, quien presentó en marzo pasado una denuncia penal relacionada al SIRT, pero hasta hoy la Fiscalía no abrió la causa.