Rosca vial se sigue beneficiando de “modus operandi” en el MOPC

El direccionamiento de las licitaciones y la eliminación de las mejores ofertas se volvió una constante en el MOPC. La modificación del proyecto ejecutivo, el recorte de obras, la inclusión de tareas no previstas durante la construcción y el incumplimiento de los plazos contractuales son moneda corriente.

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Todo programa de obras públicas para ampliar y mejorar la infraestructura vial y de servicios del país es bienvenido. Sin embargo, lo cuestionable de la actual gestión del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones (MOPC), según se observa en importantes obras viales, son las correcciones y modificaciones que se introducen al proyecto ejecutivo que sirvió de base para el llamado a licitación, después de adjudicados los trabajos a espaldas de los demás oferentes, en gran parte debido a estudios incompletos que terminan por incrementar el costo final de las obras.

Se trata de un “modus operandi” que, por lo general, termina por beneficiar a la élite vialera arraigada en el Ministerio con capacidad de decisión. Las maniobras que terminan por elevar el costo total de la obra incluyen el direccionamiento de las licitaciones, la eliminación de las mejores ofertas y, durante la construcción, la búsqueda de economía en detrimento de la obra, como el recorte o limitación de tareas, las cuales después licitan por separado para no exceder el tope del 20% de aumento de precio, máximo establecido por la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, aunque si sumamos el costo total, podemos ver que los montos superan con creces esa cifra. A todo esto se suma el incumplimiento de los plazos contractuales con la complicidad de la fiscalización, y también se ha visto la tendencia de privilegiar empresas extranjeras con dudosos antecedentes, incluso manipulando el proceso licitatorio de modo que permita adjudicar la obra a una sola propuesta admitida y evitar así la comparación de ofertas y la competición real.

Ejemplos icónicos Ruta 3 M.R. Alonso-Limpio (en ejecución). Se agregaron dos retornos aporticados y se modificó el trazado del pluvioducto Limpio -arroyo Damián a un costo de unos US$ 3.500.000. No se completaron la iluminación, 8 pasos peatonales, la rotonda de acceso a Limpio y las dársenas y refugio para pasajeros del transporte público, que se harán –según dijo el ministro Ramón Jiménez Gaona– en su momento, en un llamado independiente.

Autopista Ñu Guasu. No se previó alcantarillado sanitario del primer tramo. Se eliminaron la iluminación, la estructura para el rulo de retorno sur-este, el acceso al Comité Olímpico, y se cortó un kilómetro de autopista del primer tramo (a sumar al tramo Luque-San Bernardino). En cambio, se agregó el viaducto para la caballería a un costo aproximado de US$ 3.000.000.

“Superviaducto”. 6 oferentes fueron eliminados por “cuestiones técnicas”, dejando una sola en “competencia”, y al haber una sola oferta no se compararon precios (similar a la licitación de Ruta 2 y 7 y el Aeropuerto). Durante la construcción, el Ministerio autorizó recortes al proyecto que los demás oferentes cotizaron, como el sistema de monitoreo dentro del túnel, puentes peatonales y vidrios antivandalismo en la rotonda peatonal. Inclusive, el proyectista de esta obra, ingeniero Hermann Pankow, denunció recortes por unos US$ 3 millones. y el caso está siendo investigado por el Ministerio Público.

Ruta La Patria-Infante Rivarola (en ejecución). Por “economía”, se optó por banquinas con un ancho de 1,5 m. Si eventualmente un camión se estaciona en la banquina, ocuparía 1 m de la calzada, y la parte posicionada sobre esta podría causar accidentes. 

Puente sobre el Jejuí del 2º Departamento. Pese a que el estudio hidrológico habría determinado que la luz del puente debía ser de 450 m, más dos aliviaderos de 50 m en cada cabecera, por “economía” el Ministerio habría aprobado una luz de 350 m y dos aliviaderos de 75 m. El corte de los terraplenes de acceso por lluvias en 2015 se podría atribuir a la reducción de la sección de escurrimiento. 

Laguna Grande (en ejecución). No se previó el alcantarillado sanitario. El plazo contractual original venció en octubre de 2016 y, a más de un año, no hay fecha de culminación de los trabajos.

Sin respuestas

Para conocer la versión oficial del MOPC sobre estas y otras observaciones, llamamos insistentemente el fin de semana al director de Comunicación de la cartera, Óscar Ayala, a su celular con terminación 279, a fin de gestionar una conversación con alguna autoridad ministerial, ya que habitualmente estas no responden las llamadas, pero nadie contestó en el número de Ayala. De todas maneras, ABC está abierto a tener la versión oficial sobre las modificaciones en las obras mencionadas y a concertar una entrevista con los funcionarios responsables.

ccaceres@abc.com.py

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