Sacyr SL, que consorciada con la empresa chilena Agunsa aparece como el oferente que está más cerca de quedarse con la explotación del aeropuerto Silvio Pettirossi por 30 años, mintió en su declaración jurada de integridad, presentado en el formulario 4, punto 3 del pliego de bases y condiciones de la licitación para la modernización de la terminal aérea, bajo el esquema de alianza público-privada.
Esta situación fue denunciada por técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que intervienen en el proceso y que tuvieron acceso al formulario de Sacyr. El MOPC se niega a brindar información sobre la APP del aeropuerto, pese a las permanentes solicitudes.
En tal declaración jurada la empresa española afirmó que no tiene ella y ninguna de sus empresas o filiales, demandas o procesos por incumplimiento, con ningún Estado u organismo, cuando tiene procesos por incumplimiento en Colombia, Panamá y en su propio país, por el aeropuerto de Murcia.
La directora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Centurión, no puede desconocer esta causal de descalificación directa porque su firma y sello aparecen en la página del pliego de bases y condiciones a la que se hace referencia (ver facsímil).
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Sin embargo, fue ella misma, en calidad de miembro del comité evaluador de ofertas quien solicitó un dictamen de la dirección de asuntos jurídicos, para mantener en competencia a Sacyr, después de que se ventilaran sus antecedentes de incumplimiento en el aeropuerto de Murcia, España.
La Dirección de Asuntos Jurídicos, cuyo titular es Dionisio Mereles, le contestó negando la vinculación entre Sacyr SL y la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia. Paradójicamente la vinculación fue reconocida por los propios representantes de Sacyr SL, quienes asumieron que tienen el 67% de las acciones de la sociedad que incumplió en Murcia.
En ese sentido, tanto el pliego de bases y condiciones como la misma ley de APP dicen que la vinculación directa o indirecta con empresas que tienen procesos por incumplimiento es causal directa de descalificación.
Remisión a la justicia penal
El punto número 7 de las bases administrativas dice textualmente que “Si se comprueba que un funcionario ha incurrido en prácticas corruptas la administración deberá rechazar cualquier oferta de interés relacionada con el procedimiento de licitación.
Dice también que “los conceptos de fraude y comprenden cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias que engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un beneficio”.
Comité está desintegrado
En el punto número 5, inciso 2, se establece que la administración contratante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en coordinación con la Dinac, “serán responsables de la estructuración, selección, adjudicación y celebración del contrato”.
El comité evaluador no se reúne hace casi tres semanas. Los técnicos de la Dinac se niegan a seguir formando parte del comité, ante la parcialidad manifiesta del MOPC a favor de Sacyr SL.