“¿A qué está jugando Sacyr?” se pregunta el semanario Capital Financiero de Panamá en un reciente editorial, antes de hacer un recuento de los años que lleva Sacyr en crisis y la forma como ahora pretende convertir al Canal de Panamá, de la cual es contratista, en el “chivo expiatorio de sus problemas económicos”.
En la actualidad Sacyr, de capital español, promueve un total de 107 reclamos y demandas, por un valor global de nada menos que US$ 5.673 millones, cuando que todo el contrato inicial era por solo US$ 5.250 millones. Es decir que los sobrecostos argumentados por la empresa española, que en este caso ganó la licitación como cabeza de un grupo denominado Consorcio Unidos por el Canal (CUPC), superan, incluso, en US$ 423 millones al precio inicial estipulado para la ampliación del Canal de Panamá, que ya está terminada y en uso desde el año pasado, y que si se aceptan sus demandas el precio de la misma se inflaría y llegaría “a la astronómica cifra de US$ 10.923 millones”, de acuerdo a la publicación.
Recordemos que Sacyr en Paraguay es la “mimada” de los contratos de obras por alianza público privada (APP) que son conducidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona.
A la firma española ya le dieron el ensanche de las rutas 2 y 7, y ahora también pretenden adjudicarle la ampliación y modernización del aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi”, en un proceso actualmente inmerso en dudas de todo tipo, con dictámenes a medida y maniobras más que sospechosas.
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Más antecedentes
Sacyr tiene, además del grave caso de Panamá, procesos judiciales por una obra ejecutada en Murcia, España, su país de origen, y también en Colombia y en Chile. En Panamá, como ya consignamos, es Sacyr la que le reclama al ente contratante los 5.673 millones de dólares mencionados, por obras sobre las cuales hay desacuerdo sobre los valores finales.
“Es evidente que salir de la crisis que enfrenta no será fácil para Sacyr y que los panameños debemos cerrar filas detrás de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) para evitar que una obra destinada a potenciar el crecimiento económico y la competitividad de Panamá, no sea utilizada como chivo expiatorio de los problemas financieros de uno de sus contratistas”, reza parte de la publicación del periódico panameño.
“Ahora que el país está revisando la conducta de algunas empresas que han mostrado una conducta antiética en la forma de gestionar sus negocios, vale la pena preguntarse si los panameños debemos aceptar que una empresa que actúa de esta manera haga negocios con el Estado”, agrega la publicación (ver facsímil).
Llamativa demora
A nivel local, hasta hoy, la Contraloría no ha divulgado el informe de la auditoría que le practicó a la licitación del aeropuerto, tras una denuncia hecha por legisladores.
Documentos a los que accedimos y cuyas copias publicamos en su momento comprueban que Sacyr mintió en su declaración jurada de integridad, negando todas las demandas y procesos judiciales que tiene a cuestas.
Llamativamente, el contralor Enrique García sigue ocultando el informe, que según se supo resultó en principio desfavorable y recomienda la no adjudicación del aeropuerto. No obstante, se teme que modifiquen su contenido.