El proyecto de la Costanera II se adjudicó en los primeros días de octubre al consorcio formado por las empresas Roggio y CDD, y representado por Emilio Gill. El precio ofertado fue de G. 361.575.154.613 (66 millones de dólares al cambio actual).
Sin embargo, a casi tres meses de haberse firmado el contrato, las obras aún no comenzaron. Faltan adjudicar la fiscalización y el plan de gestión ambiental, que posteriormente deben ser aprobados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), organismo que financia el proyecto.
Ignacio Gómez, director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, explicó que esperan que los trámites se finiquiten en los próximos días y que las obras finalmente comiencen en enero.
Dijo que aunque el contrato ya se firmó, aún no se pagó el anticipo.
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El consorcio Roggio-CDD es el mismo que está ejecutando las obras de ensanche de la Ruta III. Cuando se le consultó sobre la probabilidad de que esta obra se atrase, por la ejecución simultánea de dos grandes proyectos por el mismo consorcio, aseguró que las empresas que integran el consorcio no tienen otras obras aparte de las ya señaladas y que tienen capacidad suficiente para hacerse cargo de ambas.
La solución para Artigas, en dos años
Cuando se habilite la autopista Ñu Guasu se calcula que un tráfico de unos 25.000 vehículos por día se dirigirán a la ya colapsada avenida Artigas.
La solución definitiva al embotellamiento llegará recién con la conclusión y habilitación de la segunda parte de la avenida Costanera, que tendrá también una conexión con la avenida Ñu Guasu.
Sin embargo, el plazo para la obra es de dos años y aún no comenzó a correr. Para mitigar el congestionamiento que se vaticina no se ha revelado ningún plan de desvíos hasta la fecha.
Detalles de la obra
La segunda parte de la Costanera debe circunvalar Asunción desde donde hoy termina la primera, la avenida General Santos, y extenderse hasta Primer Presidente. Tendrá 11 kilómetros en total, con sus conexiones.
Largamente postergado
La Costanera II fue un proyecto que adjudicó el anterior ministro de Obras, Salyn Buzarquis, pero cuyo proceso se anuló por cambio en la fuente de financiamiento. En ese entonces estaba previsto financiar la obra con bonos soberanos. Al anularse el proyecto se tuvo que rediseñarlo y se modificó el trazado original para conectarlo con Ñu Guasu.