El presupuesto con media sanción de Diputados incluye aumentos salariales de 7,2% y 12%, que se pagarán desde julio del 2017. Y el impacto será mayor aún en el 2018, cuando ya abarcará el año completo y se requerirá del doble de recursos.
Mientras, si miramos solo el año que viene, la suba del 7,2% para los que ganan el mínimo y ajuste para los militares y policías cuyos sueldos están atados a este mínimo legal, demandará unos G. 154.306 millones (US$ 26,6 millones) y será financiado con los recortes hechos a los intereses previstos para el programa “llave en mano” y servicios de catering, entre otros.
El 12% es para todos los docentes del Ministerio de Educación, personal de blanco del Ministerio de Salud y del Hospital de Clínicas, que representará G. 255.640 millones (US$ 44,2 millones). Sin embargo, no se designó la fuente de financiamiento y como son gastos rígidos, de confirmarse en el Senado, se deberá recortar gastos sociales o recaudar más.
En total, estas subas costarán en 2017 más de G. 409.000 millones (US$ 70,8 millones). El monto es igual a lo previsto (unos US$ 70 millones) en el presupuesto para una “intervención integral” en 675 escuelas. Sin embargo, no hay fondos para otros 3.800 locales escolares en “alerta roja” por deterioros. Por ejemplo, en Luque ayer cayó parte del techo del aula del 7º grado de la escuela “Julio Correa”, aunque no hubo lesionados.
Gasto total
El presupuesto 2017 ya está a consideración de la Cámara de Senadores para su definición, pero las modificaciones que fueron aprobadas por Diputados se terminaron de ajustar recién el pasado fin de semana, según informes oficiales.
Los últimos datos manejados en la Comisión de Presupuesto de Diputados dan cuenta que, finalmente, durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el lunes 14, se aumentaron los gastos (salarios y otros) en más de G. 463.000 millones (US$ 80,1 millones al cambio vigente). De este referido monto total incrementado, el 76% deberá financiarse con recursos impositivos que no fueron identificados ni están previstos en el proyecto del Poder Ejecutivo, lo que implica que no hay forma de cubrir si no se recortan programas sociales o se recauda más de lo estimado.