SANTA LUCÍA, Itakyry, Alto Paraná (Gladys Benítez Prieto, enviada especial).Fue la comisión vecinal de Santa Lucía la que solicitó a la citada comisión que los legisladores se constituyan en el lugar para verificar por sí mismos las carencias en medio de las cuales viven. En respuesta, acudió ayer hasta la colonia una comitiva integrada por los senadores Sixto Pereira (FG), Miguel Ángel López Perito (AP) y Pedro Santa Cruz (PDP), además de un grupo de periodistas.
En la oportunidad, el coordinador de la iglesia de Santa Lucía, Regino Fretes, se refirió a las 5 hectáreas por familia que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) les había prometido para el cultivo extensivo, además de otros compromisos incumplidos.
Otra pobladora, Vicenta Ramírez, denunció que en algunos casos el ente entregó certificados de ocupación de esas 5 hectáreas, pero que las familias no pueden disponer porque son tierras con conflictos judiciales y que además tienen menos de la superficie indicada, en numerosos casos.
Dijo que se agradece al Gobierno la instalación de viviendas y provisión de otros servicios, pero que sin las tierras para trabajar no tienen fuentes de ingreso. Mucha gente no tiene qué comer y ya no saben cómo seguir sobreviviendo en la colonia, según lo resaltado.
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José Achucarro cuestionó a su vez el atropello del Indert sobre propiedades privadas, que se había prometido respetar, pero que en la práctica fueron avasalladas. Ocupantes de hace más de 10 años fueron perseguidos y sacados del sitio, según lo relatado.
Otra de las pobladoras que también manifestó su indignación contra la gestión del ente agrario fue Teodora Rivarola, a la que el Indert entregó 8 hectáreas, pero de las cuales ninguna sirve para el cultivo, según su queja.
También hay casos de campesinos que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria y que simplemente fueron dejados de lado. Por ejemplo, Filemón Paredes comentó que estuvo 15 años en Ñacunday y fue trasladado hasta Santa Lucía, pero hasta hoy no recibió ningún tipo de asistencia del ente, ni vivienda ni tierras.
Los legisladores plantearán incluir estos cuestionamientos en la eventual interpelación a Justo Cárdenas, presidente del Indert, que se trata hoy en la Cámara Alta.
Según los antecedentes, más de 550 familias fueron trasladadas en abril de 2014 desde Ñacunday a Santa Lucía, con la promesa de dar a cada una de ellas una hectárea para vivienda y cultivo de autoconsumo, además de 5 hectáreas para cultivo extensivo, servicios básicos y asistencia para la producción. A la fecha, el Gobierno sigue sin cumplir la mayoría de esas promesas.