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¿Cuánto dinero deja de recibir el Paraguay por el flagelo del contrabando y de la evasión? Esta interrogante fue lanzada ayer Mario Abdo Benítez durante su discurso, para añadir que “cada vez que alguien escoge el camino de la informalidad, el Estado deja de percibir los recursos para atender las necesidades de cualquier niño que puede llegar a la sala de emergencia en un hospital”. Algunos sectores empresariales calificaron el discurso de conciliador, esperanzador y optimista; no obstante, manifestaron sus inquietudes acerca del comercio informal y la seguridad jurídica.
“Creemos que tiene la mejor predisposición para hacer las cosas, y ojalá las lleve adelante. Tengo fe en que pondrá la fuerza que hace falta. Hay que poner manos a la obra para atacar el contrabando; intervenir las fronteras, los comercios; y juzgar las cosas que están mal”, puntualizó Jorge Mendelzon, presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales. También dijo que el famoso “oparei” ya no debe existir en el mercado. “Acá, es simple el tema: es hacer cumplir las leyes para todos y por igual, sea para el gobernante, el rico y el pobre”, manifestó el titular de dicho gremio al referirse a las medidas que deberían tomar las nuevas autoridades para terminar con el contrabando y la informalidad. Añadió que si las leyes no se cumplen, el empresariado saldrá a denunciar los casos que estén mal.
Clima de negocios
Para el titular de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Ing. Raúl Constantino, será más que vital que el nuevo gobierno demuestre interés y ponga foco en la seguridad jurídica para potenciar el ritmo de las inversiones, sobre todo inmobiliarias, en el Paraguay. “Estamos confiados en que haya seguridad jurídica, el fomento a la inversión y la vivienda”, remarcó el presidente de este gremio.
Agregó que elevar a la Senavitat al rengo de ministerio permitirá trabajar mejor en las soluciones habitacionales para los distintos segmentos sociales.
“La misión estará en unir la oferta con la demanda, ver las alternativas de financiamiento y la capacidad de la gente. El Gobierno debe mirar la solución habitacional no como una situación de techo, sino como una fuente de desarrollo”, puntualizó. Subrayó que será fundamental que el Estado acompañe el crecimiento de la inversión privada con obras de infraestructura y servicios públicos de calidad, a fin de lograr el verdadero progreso para todos.
Por su parte, el arquitecto Víctor González Acosta sostuvo que el fomento de la inversión dependerá de un manejo eficiente y racional de los recursos y la calidad del gasto público. “Permitirá, en definitiva, una inversión pública sostenible en las áreas más sensibles de las políticas públicas, como educación, salud, infraestructura y otros servicios públicos”, dijo.
En cuanto a la seguridad jurídica, acotó que es un aspecto clave para generar las condiciones de seriedad y previsibilidad que incentiven la inversión local e internacional.