El dictamen de los legisladores se basa en el pronunciamiento que emitieron recientemente decanos y docentes de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

En dicho informe, se destaca que el Acta de Entendimiento que firmaron los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri en primer lugar no cumple lo establecido en el punto 9 del Anexo C del tratado de Yacyretá, en el que se establece que para la revisión de las cuentas debe tenerse en cuenta la relación de la energía consumida por cada parte. También se cuestiona la vigencia de la Nota Reversal de 1992, relativa a tarifa y financiamiento del proyecto, que fue utilizada por los administradores de la binacional para sus cálculos.

“Acá se patea la deuda para treinta años más adelante y Paraguay seguirá pagando (la deuda); seguirá cediendo su energía a la Argentina por chauchas y palitos y no va tener disponibilidad de esa energía”, declaró el senador Miguel López Perito al término de una reunión que mantuvieron con técnicos y asesores de la comisión.

Agregó además que “este acuerdo va en contra de lo que establece el marco regulador de los tratados, que es la Convención de Viena, y que eso representa una falla gravísima; además, no se entiende en qué se basa el Consejo de Administración de Yacyretá, que cede bienes del Estado, lo cual está absolutamente prohibido por nuestra Constitución Nacional”, en referencia a la autorización para construir la central sobre el brazo Aña Cua del río Paraná en territorio paraguayo.

El senador opositor recordó además que hay un informe de Contraloría General de la República (del 2006), en el cual ya se había resuelto no hacer lugar al proceso de construcción de la central en el Aña Cua, así como también en relación a la deuda, cuando se pretendió un arreglo similar al que se plantea ahora.

“La Contraloría dijo en su momento que no hay posibilidad de transparentar las deudas de Yacyretá; entonces, mientras no se haga eso no se está cumpliendo el Tratado”, enfatizó.

En rigor, lo que la Contraloría determinó fue la imposibilidad de realizar una revisión de los documentos respaldatorios de la deuda de US$ 10.885 millones, que aparece en el texto del preacuerdo técnico sobre la obligación de la EBY. En su momento, la CGR denunció un verdadero boicot de parte de los funcionarios superiores argentinos de la binacional al trabajo que pretendió realizar el organismo de control del Estado.

El contralor de entonces, Octavio Airaldi, en ocho puntos, consignó los “obstáculos”, sembrados por los funcionarios argentinos de la EBY, algunos de ellos muy próximos a la agresión o la provocación.

Simposio con la Universidad Nacional

Por otro lado, la comisión especial del Senado anunció que impulsará la realización de un simposio con profesores y decanos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a fin de tener otro dictamen acerca del tema, que claramente va contra los intereses de la Nación.

Asistieron a la reunión los senadores Miguel López Perito y su colega Miguel Abdón Saguier, además de los ingenieros Orlando Valdés, Germán Escauriza y el abogado Marcelo Troche.