Senavitat defiende pago por estructuras inservibles

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La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) trata de justificar los gastos que representará la demolición de una buena parte de las estructuras edilicias del predio que adquirió en 2015 del IPS, en Mariano Roque Alonso, de 17,5 ha. En total le costó G. 35.000 millones, que incluyen unos G. 9.000 millones con que IPS valoró las edificaciones sin terminar.

Unos G. 9.000 millones le costaron a la Senavitat los edificios sin terminar que están en el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, un predio de 17,5 ha que hace casi dos años compró del IPS para construir allí viviendas para familias sin casa propia. En principio se había alegado que parte de las estructuras serían reutilizadas, pero ahora, sin embargo, la secretaría ha llegado a la decisión de que es más conveniente demoler una buena parte.

En ese sentido, la Senavitat, en un comunicado emitido la semana pasada, y confirmado por el director general de Gabinete de la institución, Ing. Amílcar Guillén, expresa que la demolición alcanzará, en su mayoría, a “arranque de pilares” o solo hormigón armado, y que, a pesar de que representa un gran porcentaje de metros cuadrados construidos, su valor representa menos de la mitad del valor total del complejo.

Lo cierto es que se trata de nueve bloques en distintos niveles de ejecución, cinco de ellos con un promedio de 255.000 metros cuadrados de hormigón.

Pérdida total rondaría los G. 15.000 millones

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Según denuncias recibidas por ABC, a esta pérdida de las estructuras en sí se deben sumar los costos de demolición e intereses de un capital inmovilizado por casi un año y medio, por lo que el perjuicio total sería mayor a G. 15.000 millones.

En su comunicado la secretaría expresa que los costos de los trabajos de refuerzo y saneamiento de las estructuras son más del doble que los costos de demolición. Este argumento es “insólito” para algunos técnicos, dado que no tiene sentido alguno comprar algo y comparar ese costo con los de demolición o destrucción para decidir si procede la demolición de lo comprado.

Referentes del sector pusieron como ejemplo a una persona que quiere comprar un vehículo 0 km o un usado con averías. Primero averigua el costo del auto averiado y luego el de la reparación, y este monto total lo compara con el precio de un auto nuevo del mismo tipo, y recién ahí toma la decisión final de entre comprar auto averiado o el nuevo.

Lo que hizo Senavitat se compara con ir a adquirir directamente el auto con averías y, una vez comprado, comparar el monto pagado con el costo de destruirlo, y como el costo de destruirlo resultó menor, entonces tomó la decisión de destruirlo. “Un verdadero sinsentido”, dicen los denunciantes.

Saldrá “ganando” 

Por el contrario, el Ing. Amílcar Guillén afirmó a este diario que la secretaría saldrá “ganando” con la demolición de aquellas estructuras que quedaron prácticamente a la altura del cimiento. La explicación dada fue que no se van a demoler aquellos edificios que ya están a la altura de techo, sino solo las construcciones más incipientes.

Añadió que la idea es que en más del 90% del complejo se desarrolle un proyecto con la participación del sector privado, que la secretaría no está en condiciones de realizar. El emprendimiento consiste en que Senavitat compra la propiedad y genera los servicios para que el sector privado desarrolle un proyecto habitacional dirigido a un segmento de familias de ingresos medios y con ciertos requisitos.

Dijo que el incentivo que la institución quiere otorgar es la habilitación de un suelo urbano que hoy no existe en el Paraguay por su ubicación, que tiene buen acceso, está en una zona comercial cerca del aeropuerto, con rutas rápidas, pues ya está hoy terminado el acceso de la zona norte y, en un futuro cercano, estaría llegando la Costanera Norte.