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Las 17,8 hectáreas del expredio de IPS servirán para el desarrollo de una microciudad, con todos los servicios básicos, espacios públicos y 3.000 viviendas dirigidas a la clase media, de acuerdo con datos de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
El director de gabinete de la cartera, Amílcar Guillén, explicó ayer a este diario que tras la demolición y retiro de escombros de las viejas estructuras que se encontraban en el terreno, quedaron tres torres cuyas estructuras todavía son útiles. Las mismas serán utilizadas para las primeras 93 soluciones habitacionales a desarrollar en el sitio. El plan es que Senavitat convoque el próximo mes al llamado a licitación para contratar a una empresa constructora encargada de la terminación de los departamentos, los cuales tendrán 55 m2 cada uno.
En una siguiente etapa, que implicará llegar a las 3.000 soluciones habitacionales distribuidas en macrolotes, se trabajará con inversión privada. No será una Asociación Público Privada (APP) propiamente dicha, de acuerdo con lo explicado por Guillén, sino una alianza con el empresariado nacional para que dicho sector sea el desarrollador y ejecutor del proyecto, a través del modelo del fideicomiso.
Los precios probables El costo referencial aproximado para la construcción de los 93 departamentos en las tres torres, a través de la licitación tradicional, es de US$ 3,5 millones. El llamado estaría listo para mayo próximo, mientras que toda la inversión para el complejo habitacional implicará destinar más de US$ 150 millones, que correrá por cuenta del capital privado.
Consultado en qué etapa se encuentra el emprendimiento, el director de gabinete respondió que se tiene el loteamiento aprobado por la Municipalidad de Roque Alonso y por Catastro. Este loteamiento es necesario para que en las 17,8 hectáreas sean desarrollados parques comerciales, centros comunitarios, comisarías, centro de salud y los servicios básicos. Según la fuente, están por obtener también la licencia ambiental correspondiente y planean terminar en breve el proyecto ejecutivo de infraestructura, un trabajo hecho con colaboración de la Itaipú Binacional, que se encargó de contratar a la empresa encargada del desarrollo de dicho proyecto.
La idea es que una vez que se tenga construida la micro- ciudad proyectada, familias de nivel medio puedan comprar sus viviendas a través de un sistema de cuotas, de alrededor de G. 2 millones por mes. El déficit habitacional del país se calcula en unas 100.000 viviendas, a las que se suman 1.000 al año, según el dato oficial de Senavitat.