Según el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), esta ley sancionada por el Congreso se constituye en gran paso para prevenir actividades delictivas, porque los nombres de los dueños ya no estarán en el anonimato, lo que facilitará el control del perfil del cliente y los procesos de investigación. Aunque cree que no se eliminará el testaferrato, asegura que será un obstáculo para estos delitos.
Agregó que en varios operativos, como en el caso Forex en Ciudad del Este –donde se crearon al menos 25 empresas de fachada–, las firmas se registraron como sociedades anónimas legalmente constituidas, lo que les permitió en su momento remesar millonarias sumas al exterior a través del sistema financiero. También en varios casos relacionados a la megaevasión estuvieron implicadas empresas ficticias bajo el régimen de SA.
Por otra parte, esta legislación da un respiro al sistema financiero, que venía al filo y bajo amenazas de corte de las corresponsalías con el exterior, elemental para quienes remesan dinero y realizan comercio en el exterior. Boidanich cree que la eliminación de las SA será bien considerada en una próxima evaluación internacional al país sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Flojos en efectividad
Cabe señalar que en el primer semestre de 2018, nuestro país será sometido a un examen de cumplimiento de normativas de prevención por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilad), parte de un organismo mundial referente al monitoreo de medidas antilavado.
Sobre el punto, el titular de la Seprelad manifestó su preocupación en la falta de efectividad de algunas normas ya aprobadas y vigentes. Detalló que el grupo internacional verificará por un lado las normas legales vigentes y acordes a las recomendaciones, pero que otro aspecto importante es la efectividad de las reglas en el combate del lavado y el acompañamiento en el ámbito judicial.
Se verifican, por ejemplo, cómo están los órganos supervisores como el BCP, Incoop, Conajzar en la ejecución de multas operativas y administrativas. Solo por mencionar el caso de Conajzar, sus disposiciones legales no establecen multas administrativas a sus regulados (las casas de juegos). El BCP también sufrió un revés en sanciones aplicadas a instituciones que infringieron normas antilavado, debido a acciones judiciales planteadas por las afectadas. Un caso concreto es el de Bonanza Cambios, empresa que fue inhabilitada por el BCP en el 2011 por dudas sobre sus accionistas, pero que sigue operando por un fallo judicial.
Según Boidanich, la Seprelad está abocada en la coordinación de todos los sectores intervinientes para llegar bien a esta evaluación y evitar caer en la lista de países no cooperantes en la que ingresamos en el 2008, tras un informe lapidario. La sanción se levantó en el 2012, lo que requirió grandes esfuerzos a nivel normativo.