El ministro de Hacienda, Santiago Peña, y la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, manifestaron ayer a ABC Color que se cumplirá con la segunda sentencia de la Corte, que declara inconstitucional la resolución 29, que reglamenta el artículo 33 de la Ley 2421/04 de Adecuación Fiscal y establece nuevos requisitos para la habilitación y control de auditores externos impositivos.
Un primer fallo de la Corte Suprema había rechazado el pedido de inconstitucionalidad planteado por miembros del Colegio de Contadores del Paraguay; en tanto que el segundo favoreció a miembros del Consejo de Contadores del Paraguay. Ambas decisiones fueron tomadas por la Sala Constitucional, pero integrada por diferentes componentes para cada caso.
Las autoridades de Hacienda explicaron que se inscribirá a los profesionales beneficiados con este último fallo, y para ello se creará un registro paralelo al ya existente en la SET.
En el primer registro estarán los auditores y firmas que son habilitados tras cumplir con todos los requisitos exigidos en la resolución 29 (hasta ayer 78); y en el segundo, los que obtuvieron la sentencia favorable de la máxima instancia judicial (67).
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Sobre este último grupo, tanto Peña como González Ayala adelantaron que se advertirá a los contribuyentes que contraten a estos que para la SET el nivel de riesgo, en términos de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se eleva.
En ese contexto, la viceministra indicó que estarán muy atentos para ver quiénes mantienen, por ejemplo, por más de tres años un mismo auditor (prohibida por la resolución 29) como indicador de riesgo, aunque dijo que no implicará desacato a la orden judicial.
El ministro Peña explicó que con la resolución 29 se busca mayor rigurosidad en la habilitación de los auditores, mejor control y transparencia, atendiendo los casos de megaevasión descubiertos en 2014 y 2015, cuando se detectaron empresas con documentos de contenido falso, facturas falsas, y en un gran porcentaje de los casos, los empresarios contrataron servicios de auditores y contadores que emitieron dictámenes en limpio, pese a que en la realidad tenían serios problemas.