El Colegio de Contadores del Paraguay, Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica en la nota que presentaron al Gobierno realiza un análisis de los puntos cuestionados y, en ese contexto, señala los vicios reglamentarios de la administración tributaria.
Los profesionales expresan que la facultad de dictar reglamentos tiene poco margen de discrecionalidad y se encuentra ceñida a la ley, pero que la administración fiscal es proclive a traspasar las restricciones legales y en el ejercicio de dictar reglamentos, fácilmente niega derechos, crea obligaciones nuevas o altera conceptos legales.
“Un método notoriamente vicioso es el de repetir en el reglamento, sin necesidad, las disposiciones de la ley con una nueva redacción, vocablos y hasta conceptos distintos, multiplicándose extraordinariamente de este modo las posibilidades de contradicción entre la ley y el reglamento y, por consiguiente, su inseguridad y litigiosidad”, indica la nota.
A criterio de los gremios de contadores, un reglamento no debe hacer otra cosa que proveer los medios necesarios, fijar trámites y, en todo caso, llenar los vacíos con obligaciones accesorias indispensables para el cumplimiento de las ya establecidas, de ningún modo tocar o alterar el texto, estructura y sentido de la ley.
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En ese sentido, sostienen que el Decreto Nº 6560/16, que modifica la reglamentación del IRP, viola la Ley 2421/04, de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, y a su vez transgrede los principios constitucionales vigentes en el país.
El referido decreto fue puesto en vigencia por el Ejecutivo a finales de diciembre del año pasado, a poco de finalizar el ejercicio fiscal, con el objetivo de recaudar más y esto se dará porque limita las deducciones de gastos, principalmente las de inversión; crea gastos no deducibles no establecidos en la ley, se modifica el hecho generador del impuesto, se viola el principio de irretroactividad de la ley, entre otros puntos, según el análisis de los gremios de contadores.
En la nota se solicita la derogación de la nueva normativa y de la Resolución General Nº 104/16 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que reglamenta los procedimientos del IRP.
Los profesionales emplazaron al Gobierno a que dé un respuesta o convoque a una mesa de diálogo a más tardar para mañana, caso contrario desde la próxima semana iniciarán los preparativos para recurrir a la justicia con una acción de inconstitucionalidad.
Eluden hablar del tema
En el Ministerio de Hacienda, por su parte, el ministro Santiago Peña y la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, guardan silencio sobre el reclamo de los contadores, empresarios y tributaristas. Peña desde que volvió de sus vacaciones y retomó sus funciones elude hablar con la prensa.
Según se informó desde la oficina de prensa de la referida cartera, las autoridades esperarán hasta el viernes ya que es la fecha tope para recibir los comentarios sobre el formulario de liquidación del IRP que está disponible en la web de Tributación.