La reclamación de la Comuna de Roque Alonso surge a raíz de la inconstitucionalidad declarada recientemente por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la exención fiscal prevista en el Art. 77, de la Ley Orgánica del Instituto . “Esto nos exige aún más tomar decisiones con relación a qué hacer con nuestra gran cartera de inmuebles, porque si vamos a comenzar a pagar impuestos por predios ociosos, eso sí que va a ser una catástrofe, y estamos hablando de miles de millones de guaraníes. Además, se estaría sentando un precedente en un municipio, que después se puede aplicar para todos”, alertó el alto funcionario.
López insistió en que hay “mucho temor” de que cunda el “ejemplo”, de que con la resolución de la Corte Suprema de Justicia todas las municipalidades donde el IPS tenga propiedades hagan lo mismo. “Hay una gran cantidad de baldíos dispersos en todo el país y también grandes extensiones de terrenos. Si la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, recurre a una acción de inconstitucionalidad será algo que no vamos a poder sostener, por el costo que representa el impuesto inmobiliario en la capital”, dijo.
Al señalársele que para cubrir ahora los G. 2.900 millones de impuestos impagos reclamados hará falta “plantar”, quizás, miles de banderillas o carteles publicitarios en el “complejo habitacional”, tal como ha sugerido el diputado colorado Óscar Tuma, López expresó: “Creo que actualmente se cobra un canon de 4 ó 5 millones de guaraníes mensuales por el arrendamiento para carteles publicitarios. No es mucho lo que ingresa en ese concepto. Se estaba alquilando a la empresa Spacio el predio que está en frente del Banco Central, cuyo contrato está feneciendo, y va a mejorar el alquiler”, afirmó.
El diputado Óscar Tuma, al expresar su “tajante oposición” al proyecto de ley que devuelve al IPS la facultad de enajenar sus inmuebles, había sugerido que para cubrir los gastos de mantenimiento y seguridad del citado inmueble, que anualmente superan la suma de G. 200 millones, simplemente habría que instalar “unas cuantas banderillas publicitarias”, y problema solucionado.
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El presidente del IPS insistió en que la situación “se ve terrible”, y que ella obliga a la administración de la previsional a insistir en la sanción de la ley de enajenación. Afirmó que cree que la ley para Roque Alonso va a salir, “pero necesitamos una, no solo para esta propiedad, sino para todas las demás; porque lo que nos preocupa es el precedente que se está generando con el caso de Mariano Roque Alonso”, advirtió.
En ese sentido, comentó que ya se reunieron también con la Comisión de Justicia y Trabajo de Diputados. Añadió que el presidente de dicha comisión, diputado César López, les adelantó anteayer que iba a proponer en la víspera una “moción de preferencia” para la sesión del próximo jueves, de manera a ir avanzando en el estudio del citado proyecto de ley.
“Ellos nos recibieron muy bien, hay mucha coincidencia. Los diputados César López y Clemente Barrios están a favor. Este último, incluso, dijo que habría que insistir en que se estudie una ley que devuelva la facultad al Instituto de enajenar todos sus inmuebles, porque hacerlo caso por caso “nos va a llevar 50 años”.
Producto de colosal fraude
El “golpe impositivo” que la Municipalidad de Mariano Roque Alonso está a punto de asestar (legalmente) es quizás el final de una infame historia que comenzó durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy, entre 1993 y 1998. Se trata de uno de los más grandes fraudes contra el desaparecido Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Tras su vaciamiento y quiebra, el Instituto de Previsión Social (IPS), siendo el mayor “acreedor” del banco, fue obligado a recibir esta propiedad, con las construcciones inconclusas. En la maniobra dolosa estuvieron involucrados políticos (legisladores), varias centrales sindicales y seudoempresarios, cuyo único objetivo era esquilmar a los trabajadores.