Los solicitantes con expedientes en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aseguran que la firma Cimportex, de Juan José y Blas Zapag, tiene un título de propiedad sobre 6.863 Ha. de Pedro P. Peña, en Boquerón, que fue movido 5 kilómetros y ubicado en la frontera con Bolivia, en una zona de Mariscal Estigarribia del mismo departamento.
El hecho había sido negado por el representante de la empresa, Arq. Marcelo Peyrat, quien alegó que efectivamente hubo suspicacias sobre las tierras porque hubo datos cambiados, pero fue para corregir la equivocación de un perito. Dijo a ABC que el topógrafo que hizo el plano de la propiedad comprada por Cimportex se equivocó en las coordenadas anotadas, por lo que tuvieron que hacer una mensura judicial para corregirlas y eso arrojó que el título aparentemente se moviera, pero que en realidad, la propiedad siempre estuvo allí.
En respuesta a Peyrat, el Ing. Casco afirmó que le parece “extraño” que un profesional se equivoque y que de tener esa hipótesis como cierta, provocaría un caos técnico sobre este y otros casos. “Me parece mucha coincidencia que el plano de ese perito coincida con el título original de la propiedad”, agregó.
Dijo que el inmueble de los Zapag está a 3 kilómetros de la frontera con Bolivia y a 5 kilómetros de la línea 19 del Chaco. Agregó que al mover el título, hicieron que desaparezca el Lote 1 que estaba en el plano original del propio Indert y que incluso, parte de la propiedad tendría que llegar a ingresar a Bolivia con las nuevas coordenadas que aparecieron con la mensura. Pero como eso es imposible, pusieron como límite la frontera con el país vecino.
El Sr. Galeano, a su vez, dijo que la mensura es nula porque no se presentó siquiera la escritura pública, puesto que Ciportex no tiene título de propiedad de las tierras que compró, sino que apenas tiene una “cesión de derechos y acciones”. Resaltó que el caso fue denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Indert, pero que estas dos últimas instituciones son las principales responsables, por estar en juego las tierras que son patrimonio del Estado.