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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) había vendido a familias campesinas cientos de hectáreas de tierras privadas pertenecientes a la firma Agropeco, presidida por Carlo Sama.
Los procedimientos irregulares incluyeron la venta a no sujetos de la reforma agraria hasta el 2006, año en que el ente reconoció que no podía seguir expidiendo títulos.
Recientemente, la comisión vecinal del lugar llegó a un acuerdo de compraventa con la empresa en cuestión, de modo a adquirir los lotes urbanos a un precio simbólico de G. 1 millón por propiedad. Así, unas 60 familias representadas por el líder campesino, Hilario Sosa, están realizando la adquisición de la dueña real de las tierras.
Sin embargo, unas 25 familias no accedieron a dicho acuerdo y se empeñan en seguir en el sitio privado, con el argumento de que son tierras estatales y sabiendo que el propio Indert se pronunció respecto a este caso el mes pasado, diciendo que el inmueble, identificado como Finca N° 5.400, no pertenece al Estado.
Según dijo a nuestro diario Sosa, estos compatriotas en situación irregular tienen el apoyo de autoridades del lugar, como el intendente de Tava’i, Miguel Bogado; y el presidente de la Junta Municipal, Celso Andrade. Incluso, no se descarta que haya algún tipo de instigación por parte de dichos representantes.
“Yo le dije al presidente de la Junta Municipal cómo pueden apoyar a la gente para que entre en la chacra ajena y él me insinuó que no debimos arreglar el tema con Agropeco y que me tengo que cuidar, porque me estoy arriesgando”, agregó.
Recordó además que tanto el intendente como el mencionado concejal llegaron a participar de una reunión entre algunos representantes de las 25 familias y el presidente del Indert, Justo Cárdenas, quien les explicó que el conflicto ahora está “entre privados”. “Cárdenas les dijo que él no es responsable de lo que pasó en otra administración. Pero yo digo que nosotros al Indert lo que tenemos que demandar, porque nos entregó títulos sin ser el dueño real”, aseveró.