“El resultado de esto fue negativo en cuanto al conocimiento de los riesgos y la efectividad del sistema; es decir que tenemos que demostrar que nuestras normativas y leyes son eficaces y efectivas. Tener sanciones y demostrar esto con estadísticas”, dijo Boidanich ante la consulta realizada por ABC Color.
El tema surgió a raíz de que el titular del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, señalara a ABC TV que se solicitó al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad) postergar la evaluación prevista a nuestro país sobre el combate al lavado de dinero. En ese contexto, algunas fuentes señalaron a ABC que un simulacro de valoración realizado el año pasado evidenció una serie de deficiencias en el cumplimiento de la normativas, por lo que creía que la postergación es más bien para dejar al próximo Gobierno lidiar con una eventual sanción en este campo.
Setiembre Boidanich dijo que la visita de Gafilat está prevista para setiembre, pero que se pidió la posibilidad de hacer la evaluación en octubre o noviembre, algo que el organismo deberá definir en junio. Este pedido es a modo de prever la designación de nuevas autoridades después de que asuma el nuevo Presidente de la República en agosto y “no existen otros motivos”, aseguró.
Expresó que Paraguay se esta preparando desde el año pasado para su evaluación y que con esa finalidad el Ejecutivo contrató a un experto internacional para que haga una evaluación simulada “y personalmente le he pedido que sea lo más riguroso posible, que incorpore toda la nueva metodología de evaluación recientemente aprobada por el Gafi”, añadió Boidanich.
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Tras el resultado negativo, el ministro indicó que esto se tomó como base para diseñar y elaborar una actualización de las normativas, de la evaluación de riesgos y aprobar por decreto el plan estratégico que data del año 2013, que incorporan estos hallazgos.
Boidanich reconoció que el Congreso ayudó mucho con la aprobación de la ley de acciones al portador (SA) y la de Senabico (Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados).
A su criterio, lo que resta ahora es trabajar fuertemente en varios pilares fundamentales: implementación de las nuevas normativas y leyes, difusión y conocimiento de riesgos, capacitación fuerte a los oficiales de cumplimiento y fortalecer los sectores de investigación y justicia penal para demostrar efectividad. “Debemos tener sanciones”, puntualizó.