Sin dar razón técnica, ANNP declaró desierto el 1er. llamado sobre puerto

De acuerdo con los datos oficiosos, desde un inicio la intención era que el consorcio CIE-Imperial Shipping sea el que quede con la explotación del puerto de Concepción, por 20 años, aparentemente debido a que CIE tiene como accionista al padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Aunque las autoridades de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) afirman que todo el proceso se enmarcó en la ley, la sucesión de hechos pone en duda esa versión.

La ANNP realizó el primer llamado en 2016, al que invitaron a numerosas empresas y se presentaron tres: el consorcio CIE-Imperial, representado por Fabián Sesto; Puerto Seguro, por Ricardo Kowalew; y el consorcio Salto Agyaray-Mercoplus, por Severo Villalba. Según el informe extraoficial, la que presentó la mejor propuesta fue Puerto Seguro, pero adjudicar a esta compañía iba a implicar descalificar a las demás ofertas, incluyendo a CIE. Así que la convocante simplemente declaró desierto el llamado, sin brindar a los oferentes mayores explicaciones, argumentando de forma genérica en la resolución 184/16 que las propuestas “no se ajustan estrictamente a lo estipulado en el pliego”.

Además, alegó que en el mismo pliego estaba establecido que la ANNP se “reserva el derecho” a declarar desierto el llamado, “en caso de que ninguna de las ofertas resulte conveniente a los intereses institucionales, a su exclusivo criterio” (ver facsímil).

Sigiloso 2° llamado

Fue así que en el segundo llamado, al cual ya no invitaron a las empresas, se presentó únicamente la firma Baden SA, que para entonces ya tenía entre sus accionistas a CIE e Imperial. El ente terminó entregándole el puerto, según adjudicación de diciembre de 2016, y firmó contrato en febrero de 2017. Para defenderse de críticas sobre direccionamiento del proceso, autoridades de la ANNP alegaron esta semana que ambos llamados se publicaron en el diario La Nación (del Grupo Cartes) y que con eso, cumplieron con la obligación de dar a conocer el emprendimiento.

No obstante, desde el sector privado sostienen que no había motivos para declarar desierto el primer llamado. Francisco Griñó, de Puerto Seguro, dijo a ABC que su empresa reunía todos los requisitos para ser adjudicada y que aun así la sacaron de carrera con la declaración desierta y la posterior convocatoria que se hizo de forma sigilosa.

Según los datos, el primer cuestionamiento hacia el proceso es que la ANNP lo llevó adelante basándose simplemente en resoluciones internas y en un decreto del año 2008 sobre aplicación de tarifas, en lugar de hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Alianza Público-Privada (APP). Proyectos portuarios de asociación entre instituciones estatales con empresas privadas están incluidos en dicha norma de manera taxativa y la institución encargada de llevarlos adelante es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

MOPC deberá informar

En comunicación con ABC, el senador Arnaldo Giuzzio (PDP) dijo ayer que prevé enviar un pedido de informes al MOPC sobre el caso y que no descarta una eventual interpelación de Jiménez Gaona.

De confirmarse todas las irregularidades denunciadas sobre la entrega del puerto de Concepción al margen de la ley de APP y sin la ley de concesión, dijo Giuzzio, “el precedente puede llegar a ser nefasto”, ya que con el criterio de que la ANNP supuestamente tiene potestad de hacer alianzas con el sector privado pisoteando la normativa establecida para ese tipo de emprendimientos, “van a comenzar a concesionar espacio de Aduanas o van a tercerizar la aduana”.