Esta situación admitió Silvio Peralta, titular de la Asociación de Funcionarios, que se encargó de tramitar ante el directorio de Conatel la habilitación de la cantina, para la provisión del comida diaria a alrededor de 300 funcionarios que posee.

“En realidad no todos comen de la cantina. Los que tienen más posibilidades económicas se van a comer afuera y no perciben el subsidio”, expresó.

Si al menos 200 funcionario almuerzan en la cantina de Felipe Giménez, este se estaría embolsando G. 60 millones cada mes, que en un año significan ingresos que superan los G. 700 millones.

Pero el ingreso sería mayor teniendo en cuenta, según consultados, que la comida cuesta más de G. 10.000. La diferencia pagan a don Felipe los funcionarios.

Sin concurso

Uno de los cuestionamientos a Conatel es que no hizo concurso de ofertas. Eligió a dedo a la empresa proveedora, con lo cual violó la ley de contrataciones públicas que garantiza la libre competencia en los negocios con el Estado.

Una fuente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) señaló que son tres modalidades o formas que están usando las instituciones públicas en el caso del pago por alimentación a los funcionarios.

Una de las formas es la transferencia directa a la empresa proveedora, a través de la Asociación de Funcionarios o al propio funcionario.

Dependiendo del rubro en el que se incluye subsidio por el alimento se queda dentro o fuera del ámbito de la Ley 2051/2003.

Existen instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que sí convocaron a una licitación pública para otorgar la provisión de alimentos a sus funcionarios.

De esta forma garantizan que todas las empresas tengan la oportunidad de presentar sus ofertas económicas, y no como en el caso Conatel que se “cocina” entre cuatro paredes.