Los funcionarios de la petrolera estatal y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Paraguayos (Sitrappar) Gerardo Parodi, secretario general, y Héctor Fleitas, secretario de conflictos, acompañaron el miércoles último al titular de Petropar, Eddie Jara, durante una reunión mantenida con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, y el ministro de Industria, Gustavo Leite.
Los gremialistas presentaron en la ocasión una nota al titular de la ANR, en la que se atribuyen una serie de “logros” que aseguran fueron obtenidos por Petropar con base en sus propuestas. Alabaron en el mismo escrito “la voluntad política” que tiene el gobierno actual, y se atribuyeron, entre otras cosas, que el precio del gasoil no subió en el país (hasta ahora), a pesar de que el barril del petróleo se encontraba en US$ 108,7 el barril el 20 de setiembre de 2013. Esto generó beneficios en cadena para la canasta básica familiar, dicen.
Igualmente, destacan como propuestas suyas las derogaciones de resoluciones “que modifican la calidad de los combustibles, colocando al Paraguay pionero con Chile, en la exigencia de la calidad de los productos. Esto significa un diésel de mayor potencia y calidad, beneficiando al usuario y un producto más amigable al ambiente”, dice la nota.
Nuestro diario consultó a técnicos especialistas del sector combustible, quienes aseguran contrariamente a lo que indicaron los citados sindicalistas, que las mejoras en los carburantes comercializados en nuestro mercado son consecuencia de la presión mundial que existe para la mejora continua de los carburantes y para ir eliminando sustancias contaminantes, que son igualmente exigencias de los vehículos de avanzada que se lanzan en el mercado mundial, y que ya no pueden moverse con carburantes contaminantes. Insisten en que es una cuestión internacional y como nuestro país es importador en un ciento por ciento, adquiere lo que está disponible en el mercado.
En cuanto a las normativas también dijeron nuestras fuentes que se trata de un proceso gradual y complejo que fue dándose en casi dos décadas, y que toda la iniciativa en la mejora de carburantes en el país fue privado, y recién después aparecieron las regulaciones del Estado.