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El Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh) oficializó ayer ante la citada comisión legislativa su solicitud de aumento salarial, por lo menos conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La nota presentada alega que a la fecha, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público es de 19,5%, acumulada desde el año 2014 cuando se incrementó el sueldo mínimo al sector privado y no fue traspasado a los funcionarios.
Antes ya hicieron lo mismo los gremios de docentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que plantean ganar G. 3 millones por turno, lo que implica un incremento de 64,4% con respecto a lo que actualmente perciben.
El Ejecutivo impulsa una suba salarial en el sector privado, que podría ser de 7,2%, mediante un proyecto de ley a ser presentado al Congreso para modificar el sistema de ajuste, que actualmente requiere que la inflación llegue a 10%.
Al parecer, sin embargo, no se tuvo en cuenta que esta decisión puede impactar también en el presupuesto público para el 2017, debido a que la Ley de Responsabilidad Fiscal prevé un incremento en caso de variación del mínimo legal.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, admite que los salarios del sector público, según señala la ley, se podrán incrementar una vez que aumente el mínimo, pero dijo que no es obligatorio y, por lo tanto, no será automático. Recordó que la suba automática ya no se aplicó, por ejemplo, en el 2014.
Se refería a que en marzo de 2014, el Gobierno reajustó en 10% el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, pero no se incluyó en el presupuesto de 2015 para los funcionarios en general, con el argumento de que el decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que esto está “sujeto a la capacidad financiera del Estado”. Sí tuvieron reajuste aquellos que hasta entonces ganaban menos del mínimo y las fuerzas públicas (militares y policías) que la ley determina.
Además, en 2014 empezó a elaborarse la nueva matriz salarial para su implementación en 2015, lo que implicó englobar en los sueldos otros beneficios como bonificaciones, con lo que los funcionarios terminaron ganando doble o hasta el triple, en muchos casos. La matriz salarial se aplica actualmente a 41 entidades, la mayoría dependientes del Ejecutivo, y para el próximo año se extiende a otras 6, principalmente descentralizadas.
En tanto, desde la Comisión Bicameral de Presupuesto ya se adelantó que no habrá oposición si el Ejecutivo plantea el proyecto.
En duda la merienda
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cerró ayer la audiencia de esta semana recibiendo a casi la totalidad de las gobernaciones departamentales.
El gobernador de Central, Blas Lanzoni, se quejó de que no recibe todos los recursos establecidos en el plan financiero y que por este motivo la deuda por la merienda escolar asciende a G. 14.000 millones en lo que va del año. En ese contexto, solicitó a la Bicameral que en el proyecto de presupuesto 2017 se incluya unos G. 24.000 millones para poder cumplir con los proveedores de la merienda.