Explica Gasulla que Eriday estaba encabezado por la italiana Impregilo y la franco-germana Dümez, “que habían protagonizado una escandalosa puja que resolvieron uniéndose en sociedad y quedándose con el control del grupo y el 25,50”.
Relata que Impregilo y Dümez pudieron “repartirse el botín sin objeciones, y sumaron a varias empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el 3,03% de la participación, las demás se quedaron con el 1,63% cada una”. “No obstante, la mayor tajada la sacó Socma, ya que sumó dos empresas: Sideco Americana y Supercemento. Los otros integrantes del consorcio fueron Techint, SADE, Conevial, IMPSA, EACA, CODI, José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter. También era parte de la sociedad IGLYS, que pertenecía a Impregilo. El consorcio también incorporó tres empresas paraguayas, Conempa, CIE y Cepaya, cada una con el 5% de participación. El grupo lo cerraban las italianas Cogefar-Impresit, Italstrade, Recchi y Torno, la alemana Dyckerhoff & Widman y la uruguaya Álvaro Palenga”.
Agrega que Casabona fue contratado por SADE, de Pérez Companc, y Sideco y Supercemento, de la familia Macri, para conseguir los reembolsos que correspondían a todos los insumos y bienes de origen nacional en virtud de la ley 20.852. “Había estimado que conseguiría un 2,5% del total del valor de las obras pero, de manera intempestiva, decidieron poner fin a su contrato y lo reemplazaron por la empresa Dicmar SA, cuyo director, Guillermo Arturo Henin. ‘Henin debe tener mejores contactos que usted’, le dijeron antes de despedirlo. Despechado, el 26 de julio de 1990, Casabona presentó una denuncia por defraudación al fisco que terminó sumándose a otro expediente que ya estaba abierto, impulsado por el exdirector de la EBY Alberto Aseff, crítico de la forma en la que se encararon las represas desde el minuto cero. Aseff había denunciado sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de los campamentos, y pagos indebidos al consorcio constructor”.