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El análisis de sostenibilidad de deuda realizado por técnicos de Hacienda muestra que la relación deuda/PIB de la Administración Central (no incluye a empresas públicas y gobiernos departamentales) a junio de 2017 alcanzó el 20,7%, unos US$ 6.360 millones aproximadamente, y que en las condiciones actuales del crecimiento económico (3,7% a 3,9%), una inflación moderada y tipo de cambios equilibrado, el nivel de deuda se mantendrá entre 21% y 23,4% del PIB entre 2018 y 2024. Es importante resaltar que la deuda pública total se ubica actualmente en 23%, unos US$ 7.067 millones y llegaría en 2018 al 25%.
Con el fin de poner en prueba la sostenibilidad de las obligaciones públicas, Hacienda realizó unos simulacros con perturbaciones a las variables mencionadas, las cuales arrojaron que en el peor de los casos el nivel de deuda saltaría en Administración Central a 32,7% en el 2018 y a 38,1% al 2024.
Distintos escenarios
En el escenario 1, el supuesto consideró una depreciación de la moneda (guaraní/dólar) de 11,5% para los años 2018 y 2019, para luego tender a la normalidad. En el escenario 2, se contempla la reducción del PIB al 3,2% para el año 2018 y 2019, para luego volver al escenario base. En los supuestos 3 y 4, se incorporó un aumento en la tasa de interés local (BCP) y externa (Estados Unidos) hasta alcanzar un nivel de 7% en el 2020. Finalmente, en el escenario 5 se incorporó un incremento del déficit primario de la Administración Central al 3% para el 2018, para luego converger al 1,5%.
El destino de la deuda
Para el economista Manuel Ferreira, el problema actual con la deuda no radica principalmente en como está creciendo la deuda, sino más bien en el destino que se está dando a esos títulos. Por ejemplo, señaló que gran parte de las emisiones de bonos no están siendo direccionados a inversiones en infraestructura, sino para cubrir “otras deudas con multilaterales” que ni siquiera se relacionan a las primeras emisiones de bonos. También se ha cubierto capitalización de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Crédito Agrícola de Habilitación que no tienen un componente de inversión en infraestructura precisamente.
En el paquete de US$ 600 millones que se estima emitir en el 2018 solo 40% se destinará a inversiones, en las que nuevamente se incluyen un paquete de US$ 6 millones para la Industria Nacional de Cemento (INC) y unos US$ 221 millones para el MOPC y US$ 35 millones para construcción de cuatro cárceles en Emboscada.