En el último día hábil del año 2017, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial la disposición 527-E por la cual inicia el proceso de privatización de la participación de Enarsa en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec), que controla el 52% de la transportadora eléctrica de alta tensión Transener y también se dispone que el Estado se desprenda de su participación accionaria en una serie de empresas del sector energético, entre ellas Ebisa, encargada de la comercialización de la energía generada por Yacyretá.
Al respecto, el ingeniero Axel Benítez, exdirector de Energía del Viceministerio de Minas y Energía (2008-2012), recordó lo sucedido con la empresa Emsa (Electricidad de Misiones SA), que mantenía una deuda con la ANDE por suministro de energía a través de la Estación Carlos Antonio López antes del 2000. Luego vino la reforma en Argentina y EMSA siguió siendo EMSA, pero bajo otra figura jurídica, y ya no compraba directamente la energía de ANDE, sino a través de Ebisa, recuerda el ingeniero Benítez. “En concreto, esa deuda nunca fue pagada; sin embargo, ANDE reanudó el suministro bajo la administración de Martín González, y la deuda incobrable la pasó a Cancillería. Ebisa alegaba que la deuda era anterior a su creación y EMSA decía que era de la otra EMSA, pero en ANDE tampoco hicieron gran cosa”, apuntó el técnico.
Cabe mencionar que solo en el año 2017, la empresa argentina Ebisa retiró de Yacyretá un total de 19.591 gigawatts/hora (1 GWh = 1.000 MWh), que representan el 94% del total de la producción de la central, que fue de 20.828 GWh.
A una tarifa promedio de 39 US$/MWh, esa cantidad de energía retirada equivale a unos US$ 764 millones.
Cabe recordar además que en el Acta de Entendimiento firmada el año pasado se había realizado una conciliación de cuentas donde supuestamente aparecía una deuda acumulada de Ebisa de US$ 2.487 millones por “venta de energía”.
En una entrevista concedida a ABC Color, el director paraguayo de Yacyretá, Ing. Ángel María Recalde, confirmó que ese monto correspondía a las retenciones que realizaba arbitrariamente el Gobierno argentino sobre los fondos de EBY.