AYOLAS, Dpto. de Misiones (Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal). Debido al nivel de agua que existe en el Brazo Aña Cua, la construcción de una central hidroeléctrica en el lugar, financieramente, es totalmente inviable porque en épocas en que se necesite más agua en el brazo principal no habrá para el Aña Cua, afirmó el abogado Walter Cardozo.
“Con la misma cantidad de agua se genera mucha más energía en el brazo principal, pero además de ser inviable financieramente, también es inviable constitucionalmente, porque la Constitución Nacional no le permite al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial entregar discrecionalmente un recurso natural invaluable como son las tierras donde está ubicado el Brazo Aña Cua y las aguas que son 100% propiedad de la República del Paraguay”, aseguró.
Insistió en que es inadmisible jurídicamente pretender establecer una central hidroeléctrica de manera binacional en una propiedad que es totalmente del Paraguay. “Nuestra Carta Magna no le faculta a nuestros gobernantes ceder parte de nuestra soberanía territorial ni energética, por lo que estamos ante una inminente traición a la patria y de una lesión de confianza sin precedentes”, sostuvo el jurista de esta localidad.
Cardozo agregó que si en el país existiera un Ministerio Público eficiente que represente a la sociedad y un Poder Judicial transparente e independiente, los responsables de llevar adelante la violación de un tratado internacional vigente, deberían estar en la cárcel. Sin embargo, gracias a la justicia que tenemos, en lugar de estar presos están pidiendo votos para poder estar instalados nuevamente en lugares estratégicos, tomando decisiones. Recordó que en el Tratado de Yacyretá se contempló un estudio de factibilidad técnico-económico y financiero con el que se establecieron las bases sobre las cuales se tenía que vender nuestra potencia y energía, pero que por una decisión unilateral están perjudicando al Paraguay con unos US$ 100 millones anuales.
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Apertura del paso fronterizo
La Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá reclamó a los gobiernos de Paraguay y Argentina la apertura del puente internacional Ayolas-Ituzaingó, lo cual permitirá ahorrar unos 300 kilómetros del tramo de ida y vuelta de Asunción a Buenos Aires, además de revalorizar toda la zona ribereña del lado paraguayo, así como lo está en el lado argentino. El abogado Walter Cardozo afirmó que el cierre del puente representa una violación flagrante a los derechos humanos dado que se trata de un aislamiento geográfico y repercute en el empobrecimiento sistemático de la población ubicada en lado paraguayo, aguas abajo de la represa, y enfatizó que la habilitación requiere una decisión política.